lunes, 10 de diciembre de 2012

La identidad en constante resignificación. Jóvenes indígenas en las ciudades[1]



Por Antrop. Héctor Santaella Barrera*



LA JUVENTUD INDÍGENA

Para la cultura occidental, muchos afirman que “joven” y “juventud” son términos recientes, debido a que se les ha puesto mayor atención y estudio desde mitad del siglo XX a la fecha, también se dice que es un concepto homogeneizante en el afán de darle un sentido a los cambios que componen o condicionan[2], en cierto periodo de tiempo, al individuo en los planos: físicos, biológicos, sociales e identitarios. Yo quisiera referirme a éste último aspecto, la identidad; si bien es cierto que los jóvenes van definiendo su identidad en esta etapa, considero que entre jóvenes citadinos e indígenas hay diferencias importantes, independientemente de que convivan en el mismo espacio geográfico, es decir, en las ciudades.

Desde la antropología es mejor abordar el tema desde la edad, ya que ésta como el sexo, son reconocidos como principios universales de organización y diferenciación. Ruth Benedict de la escuela culturalista y discípula de Franz Boas, dice que hay grandes diferencias en la manera en que son tratados los niños en las sociedades primitivas y en las modernas; mediante un método de oposición en tres ejes principales: responsabilidad / no responsabilidad; dominio / sumisión y el rol social contrastado, observó que estas dicotomías no son universales y que prácticas culturales precisas dependen de condiciones particulares (Urteaga, 2009:13).

Estas condiciones específicas nos llevan a entender un poco más, porque en las etnias, con base en su cultura, definen o no a un individuo bajo peculiaridades propias, por ello Benedict y Mead, propusieron el término “juventud” para el plano indígena, debido al consenso sobre lo que significa ser joven entre los indígenas. Lo cierto es que, desde aproximadamente tres décadas a la fecha los estudios en torno al tema han aumentado gracias a un fenómeno social que proporciona otra mirada: la migración, de la cual me ocuparé un poco más adelante.
Mead, por su parte distinguió entre tres tipos de cultura que conviven en la sociedad, la posfigurativa, la configurativa y prefigurativa; este último precepto es lo que ha sucedido con la juventud indígena en las ciudades, pues en una era como la que vivimos, resultado del proceso migratorio y globalizador, se entiende que la transmisión tradicional de conocimientos de los abuelos a los nietos o de los padres a los hijos se ha desdibujado, ahora las nuevas generaciones de indígenas se desarrollan más entre los compañeros o camaradas que conocen en sus trayectos migratorios o de nueva residencia en los planos “tecnológicos y el aprendizaje por medio de la imagen, la sonoridad, del tacto y la velocidad” (Mead, [1971] referido por Barbera 2002, en Pérez 2008:11), por ello, para el estudio de éste tema en particular, el dinamismo de las manifestaciones cotidianas de la cultura (modas, vestimentas, tecnologías, medios masivos de comunicación, etc.), son de relevancia.
Una definición más o menos aceptada conciben el ser joven como una etapa en transición, es un “fenómeno transclasista, transétnico y transnacional que implica una condición generacional…una etapa en la vida de los individuos en la que deben consolidarse los valores de la sociedad y debe construirse la madurez hacia la vida adulta” (Pérez 2008:12). Pero las situaciones étnicas, difieren de las urbanas, básicamente en cuanto a la cultura y la conservación de ésta por parte de sus integrantes; esos elementos culturales específicos fomentan la identidad colectiva o comunitaria. Se ha observado que aquellos jóvenes indígenas que migran temporal o definitivamente a espacios urbanizados y que procuran su presencia en la organización social y cultural de sus pueblos, fortalecen a su comunidad y a su vez prolongan su estadía en la etapa juvenil, asimismo son reconocidos y apoyados por la misma comunidad. La ciudad provoca entre los jóvenes de procedencia indígena, un conflicto entre lo tradicional y lo moderno, entre su identidad cultural propia y los ritmos de la migración, el impacto del sistema educativo, la actividad laboral que ejerzan y los medios masivos de comunicación. Así ser joven es estar en constante reformulación es una etapa donde el mismo individuo establece pautas de “asignación y autoasignación” (Pérez 2008: 21) y además es preguntarse al mismo pueblo indígena qué es ser joven en una comunidad indígena, ya que existen diferentes códigos que nos pueden alimentar para una construcción de su identidad, lo que lo considero un proceso de resignificación[3] ante la visión de la cultura indígena hacia la cultura occidental.

LOS DATOS

La mayoría de los estudios tienen un consenso al considerar a un joven de entre los 12 y 29 años de edad, sin embargo para el caso que hoy nos ocupa, no existe claridad de un rango específico, es más, ni siquiera de que el término joven signifique algo para las diversas culturas étnicas presentes en el país.
Según el CONAPO para el año 2010, la población indígena del país ascendió, aproximadamente a 14.2 millones de habitantes, lo que representan 13.1 por ciento de la población total mexicana. De ellos, 21.2 por ciento es población joven, 10.9 % son adolescentes y 10.3 % adultos jóvenes.

Las entidades federativas que presentan mayor proporción de jóvenes indígenas son Chiapas, San Luis Potosí, Guerrero, Puebla, Michoacán, Querétaro, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz y Yucatán, con porcentajes entre 20 y 23% (CONAPO, 2010:19), y esto no tiene nada de extraordinario, pues en estas entidades son las que tradicionalmente cuentan con población indígena; sin embargo, en las ciudades la alta presencia indígena es reciente (2 décadas a lo sumo), y regularmente no figuran en la estadística nacional, debido a su compleja movilidad; esto, aunado a la desigualdad laboral, educativa, de salud sexual y reproductiva, así como de exclusión social y política que experimentan simplemente por su condición, los lleva a engrosar las filas de la delincuencia[4], de la mendicidad, de la prostitución y se insertan en negocios informales y hasta delictivos. De ahí la importancia de conocer el tema a fondo y adecuar políticas públicas que lleven a una atención mayor de estos jóvenes que rozan en la vulnerabilidad.

LA CONSTANTE RESIGNIFICACIÓN

A pesar de las circunstancias desiguales, estoy plenamente convencido de que los jóvenes de procedencia indígena, juegan un papel importante en la preservación de su cultura, pero es ahora, mediante la resignificación que se captan y transmiten los códigos de su cultura y a su vez, los de una cultura ajena a la que por diversos factores deben adaptarse; muchos aseguran que el éxodo del campo a la ciudad se convierte en una migración sin retorno, lo cual a su vez rompe con una transmisión de conocimientos entre las distintas generaciones; yo puedo asegurar que en las ciudades lo anterior no es del todo cierto, pues los jóvenes se convierten en los portadores principales del ir y venir de los cambios culturales, a lo que llamo una constante resignificación.
En el plano institucional, hay organismos que apoyan y promueven los derechos de la infancia y la juventud en condiciones vulnerables por ejemplo, la UNICEF, también la sociedad civil conjuntamente con el gobierno busca establecer las condiciones necesarias para superar la pobreza, la desigualdad y la discriminación, han trabajado activamente sobre declaratorias por los derechos, existen posiciones políticas que pretenden generar una equidad significativa para estos grupos e incluso por parte de organizaciones indígenas, también luchan por reivindicar sus condiciones específicas, pero en realidad… ¿hay acciones concretas?

A MODO DE CONCLUSIÓN: LOS RETOS

Pero no todo es negativo, ha habido avances, como ya mencionaba, artículos, declaratorias, intención y empuje por construir políticas públicas para la atención a la población indígena en las ciudades, pues el conocimiento de la problemática ya se estableció.
Ahora, hay que ser conscientes de que existen retos que no se pueden dejar de lado y aún falta mucho que trabajar sobre política pública, articulando la diversidad de los grupos presentes en la urbe, la dispersión de su asentamiento y las problemáticas específicas de tal población marcada por su cultura propia. Y entonces, a partir de estas consideraciones construir políticas de corte transversal, que permitan la participación de los tres niveles de gobierno y en dependencias y/o instituciones especializadas, organizaciones civiles indígenas y no indígenas.

Mis propuestas en estos tres niveles son:
Ø  Que las acciones que realicen los jóvenes indígenas, sean sometidas al reconocimiento comunitario.
Ø  Que el proceso de la resignificación identitaria ciudad-pueblo indígena, en los individuos sea un punto de partida para el análisis para el diseño de políticas públicas institucionales.
Ø  Que organismos como la CNDH observe el cumplimiento de los derechos que identifican al individuo de procedencia indígena, ante las Instituciones.

 * * * * *

Fuentes:
CONAPO. 2010. La situación actual de los jóvenes en México.  Serie de Documentos Técnicos, Disponible en: http://www.odisea.org.mx/Biblioteca/Jovenes/Sit_actual_jovenes_Mx.pdf
PÉREZ, Ruíz Maya L. (Coord.) 2008. Jóvenes indígenas y globalización en América Latina. Colección Científica INAH,
URCOLA, Marcos A. 2003. “Algunas apreciaciones sobre el concepto sociológico de juventud”, Invenio Universidad del Centro Educativo Latinoamericano Rosario, Argentina noviembre 06, número 11, pp. 41-50.
URTEAGA, Castro P. Maritza. 2009 “Juventud y antropología: una exploración de los clásicos” Diario de Campo, suplemento no. 56 octubre-diciembre pp.13-27
VALDÉZ, Mónica 2009  “jóvenes y datos, panorama de la desigualdad” Diario de Campo, suplemento no. 56 octubre-diciembre pp.37-39.

       


*Adscrito a la Coordinación Nacional de Antropología del Instituto Nacional de Antropología e Historia

[1] Ponencia presentada en el Foro “Derechos humanos de los jóvenes indígenas” organizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Comisión Estatal de Derechos Humanos, Chihuahua, el 6 de diciembre de 2012 en Creel, Chihuahua.

[2] Marcos A. Urcola afirma que si bien, la juventud corresponde a una etapa biopsicológica del ciclo vital, también se constituye por una posición social construida y económicamente condicionada (Urcola, 2003,41).

[3] En mi trabajo “Ser triqui y vivir en la Ciudad de México” gosso modo defino la resignificación como la adaptación de su propia identidad a las nuevas circunstancias que está viviendo. Situación que a su vez contribuirá a que la “primera” identidad sea fortalecida en una “identidad resignificada” que tenga otras posibilidades de organización social y política.  Por otra parte, hay que considerar que si el individuo indígena vierte la resignificación a lo individual y no hacia lo comunitario, perdería el estatus  que le proporciona la identidad y lo comunitario perdería sentido.

[4] Datos del 2008, nos dicen que delitos del fuero federal que más cometen los jóvenes tienen que ver con narcóticos y uso de armas de fuego y para el fuero común, el delito más cometido es el robo (Valdéz, 2009:38).

jueves, 29 de noviembre de 2012

Nosotras Pedimos la Paz y la Palabra


En el marco del día Internación de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, desde el grupo Por un Chihuahua Libre y Sin Temor y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, nos sumamos a los 16 días de activismo, y es  que usamos la literatura para rescatar la memoria, la voz y las realidades de las mujeres.

Es verdad, los cuerpos de las mujeres se transforman en escritura, hay conciencia de cuerpo también en las letras de las mujeres, por tanto, también defendemos nuestra memoria, nuestra voz, la mirada propia, y nuestros actos en lo que escribimos.

MAR ADENTRO

Esta noche
he decidido
partir
cerrar las puertas
y dejar que el barco de vela
que navega en mí, continúe
a la deriva.

Patricia Ariza


lunes, 29 de octubre de 2012

Funcionarios chihuahuenses en la eterna “banalidad del mal”


Por Linda Flores (@Magnolisima)


A las mujeres del barzón 
(las de la dignidad rebelde).

El lunes 15 de octubre vi al señor Ismael Solorio lleno de moretones y sangre seca en el rostro, le pregunté que si le dolía mucho, y respondió “ya no tanto”, lo dijo saliendo de una reunión con el secretario de gobierno. Ese día, al lado del secretario general de gobierno, Raymundo Romero, el secretario de gobernación Wilfrido Campbell, y 5 de sus asesoras, lo escuché decir que la vida de los barzonistas y defensores de derechos humanos estaba en peligro. El señor Solorio y su esposa Manuelita fueron asesinados una semana después. Hoy tengo la certeza de que todos estamos en peligro.
Los días transcurridos en este mes han sido de los más tristes en esta administración gubernamental. Hagamos un repaso en cuenta regresiva: los asesinatos de Ismael Solorio y Manuelita Solís, donde es bien sabido que detrás de su muerte hay varias cuestiones íntimamente ligadas al tema de la ausencia del agua y la batalla por la misma –asunto donde están relacionados algunos menonitas que habitan la zona-, por otro lado, la intención de que en el municipio de Benito Juárez se instale la minera El Cascabel (filial de la empresa Mag Silver).
Una semana antes de estos asesinatos, un grupo de barzonistas y defensoras de Derechos Humanos estuvo en reunión con el secretario de gobierno planteándole la situación de riesgo en la que estaba la gente de Benito Juárez, y los riesgos que están sufriendo quienes cuestionan los posicionamientos oficiales –por ejemplo, los vendedores ambulantes que a falta de empleos se dedican al comercio informal-. En lo particular se habló de Lucha Castro (fundadora del grupo de Mujeres Barzonistas, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, y cofundadora de Justicia Para Nuestras Hijas), cuando ella cuestionó la versión oficial de la Fiscalía General del Estado, el 8 de octubre, al ser presentado de manera oficial “El Wicked” como el asesino de Marisela Escobedo, Castro pidió se transparentará la investigación y se dieran fundamentos para tal afirmación, ya que meses atrás la Fiscalía declaró a otra persona como responsable por el asesinato de la señora Marisela Escobedo (mamá de Rubí Frayre, víctima de feminicidio).
La práctica de difamación a Lucha Castro y activistas cercanas a ella se ha agudizado desde el mes de marzo, cuando el gobernador César Duarte declaró en Washington, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que las defensoras lucraban con el dolor y querían desprestigiar al estado de Chihuahua. A las semanas de esas afirmaciones, que por desgracia, se siguieron repitiendo en medios de comunicación local, se empezó a circular un correo electrónico donde se hacía referencia a Alma Gómez, quien ha sido defensora de derechos humanos, y es un referente teórico cuando se hacen estudios sobre la desaparición forzada y el feminicidio, ambos temas muy recurrentes en el día a día de quienes vivimos en Chihuahua.
En esa mesa, del 15 de octubre, se recordó a los funcionarios que el gobernador de Chihuahua previamente se comprometió a no señalar a las activistas, y se les pidió se hiciera una declaración donde –como afirmaban en esa mesa de diálogo- los señalamientos de critica al trabajo del barzón y Lucha Castro habían sido desafortunados y mal entendidos, y en ningún momento tenían la intención de poner en riesgo física, moral y emocionalmente a los señalados.


Desde el 1 de mayo algunas mujeres intentaron abrir un canal de diálogo con el gobernador para tratar la difamación a las organizaciones de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos. Organizaciones de ciudad Juárez y Chihuahua, acudieron a una reunión con el gobernador: él, acompañado por su gabinete se comprometió -entre otras cosas- a sacar un posicionamiento donde aclararía que nunca fue intencional denostar y poner en riesgo la integridad de Lucha Castro y demás organizaciones, acuerdo que hasta el día de hoy no se ha cumplido, igual que otros mencionados ese día.
Como si la realidad que estamos viviendo los chihuahuenses no fuera ya lo suficientemente cuestionable, los primeros días de octubre se hizo oficial que el ex presidente de Colombia, Alvaro Uribe, sería asesor del gobernador César Duarte. En esa semana la colombiana Patricia Ariza visitó la ciudad de Chihuahua para dar un taller a mujeres sobrevivientes de diversas violencias, y artistas interesados en temáticas de género, Ariza visitó el lugar donde asesinaron a Marisela Escobedo y dejó una ofrenda floral, ahí señaló su solidaridad con las defensoras de derechos humanos. El 5 de octubre, al finalizar la presentación del trabajo de la directora Ariza en el teatro de la ciudad, un grupo de integrantes del Movimiento de Mujeres de Chihuahua hizo un pronunciamiento público en contra de la participación de Alvaro Uribe en el gobierno chihuahuense. En este contexto no dejo de pensar en Hanna Aredt cuando describió "la banalidad del mal" afirmando que los individuos actúan dentro de las reglas del sistema sin reflexionar sobre sus actos, sin preocuparse por las consecuencias y sólo es valido cumplir órdenes que vengan de superiores: la tortura, la ejecución y demás actos violentos no se consideran a partir de sus efectos o resultados, solamente se cumplen órdenes -como cuando el lunes pasado, la policía cumplía la orden de sacar a quienes estaban en el palacio de gobierno solidarizándose con la familia Solorio Solís, o cuando las instituciones de cultura bloquean proyectos autónomos que cuestionan la forma burocrática de trabajar desde gobierno-.
Frente a lo ocurrido: los cobardes asesinatos de Ismael y Manuelita, los compromisos del gobernador César Duarte con barzonistas, el apoyo nacional e internacional a los defensores de Derechos Humanos, la próxima presencia de Alvaro Uribe en Chihuahua, los bloqueos a las organizaciones y grupos autónomos por parte de las instancias gubernamentales, y la evidente banalidad del mal que demuestran los servidores públicos, espero que el barzón siga andando y jalando por la dignidad nacional.


sábado, 20 de octubre de 2012

QUIEREN REVENTAR EL BARZON


Por: Víctor M. Quintana S.
A falta de normalistas revoltosos, buenos son los barzonistas…dirán los gatilleros a sueldo de algunas redacciones y el priísmo que piensa que la gobernabilidad sólo es posible en la unanimidad.
Así como a nivel nacional, con fundamento real o inventado, mínimo o máximo, se ha lanzado una campaña de linchamiento mediático contra los normalistas michoacanos y quienes los apoyan, en estas norteñas tierras, la campaña se endereza contra las y los barzonistas chihuahuenses en sus diversas expresiones y formas organizativas. Se comenzó desde el primer nivel del Gobierno del Estado y la prosiguen con peculiar denuedo algunos medios periodísticos impresos.
Parece que la chispa que inició la hoguera propiciatoria fue el que Lucha Castro se atreviera a cuestionar la versión oficial de que “El Wicked” sea el asesino (otro más) de Marisela Escobedo. Esto le valió a la fundadora de Mujeres Barzonistas y directora del Centro de los Derechos Humanos de las Mujeres y las diatribas del Fiscal General y del Secretario de Gobierno.
Los misiles verbales de los funcionarios no fueron más que la versión “reloaded” de la ofensiva que el propio Gobernador desató en mayo pasado contra las organizaciones no gubernamentales. De nuevo se esgrimieron “los intereses oscuros”, el “provecho personal”, etc. etc. contra la abogada, reconocida y premiada nacional e internacionalmente.  Manifestó así, el Gobierno del Estado, su incapacidad de ir al núcleo del debate, como lo demandaba la crítica de Lucha Castro, y se pusieron a tejer flojos argumentos “ad hominem”,  mejor dicho, “ad mulierem”, dejando sin  responder los cuestionamientos torales de la derecho humanista.
Los ataques no pararon ahí, se fueron en contra de los barzonistas y ejidatarios que se oponen a la explotación de la mina “El Cascabel” en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, teatro todavía de la disputa en contra de los aprovechamientos ilegales de las aguas del río del Carmen. En el centro de población, varios asalariados de la mina emboscaron y golpearon a uno de los ejidatarios opositores a la minera y a su hijo, y navajearon a otro. Lejos de amedrentarse los vecinos y ejidatarios que rechazan que sus tierras se conviertan en un páramo desertificado por el cianuro y la minería a cielo abierto, se fueron a la ciudad de Chihuahua a exigir del propio Secretario de Gobierno que garantice la paz y la gobernabilidad en su pueblo y que convoque a las dependencias federales involucradas para demostrarles la serie de falsificaciones y mentiras en que ha incurrido la filial de la trasnacional canadiense Mag Silver. El Secretario de Gobierno se comprometío a celebrar el jueves pasado dicha reunión y a emitir un comunicado en que el Gobierno del Estado reconoce la pluralidad de la sociedad chihuahuense y manifiesta su respeto a ella y su compromiso de no lanzar campañas de linchamiento como la que ya está en curso.
Aun no se publicaba el borrador de dicho manifiesto cuando el tricolor respondió de la manera que mejor maneja: el acarreo. Contrataron varios autobuses para traerse desde Benito Juárez supuestos defensores de la mina, entre los que se contaban sólo cinco ejidatarios. Llegaron al ahora Palacio de la Unanimidad, es decir, al Congreso del Estado, donde los recibió un grupo de diputados priístas que, ahora sí, dejaron de lado el adormilamiento, la abulia, para manifestarles su apoyo. No es la primera vez que los legisladores tricolores actúan no como representantes populares sino como empleados a sueldo de una minera canadiense. Ya lo habían hecho en el verano de 2008, cuando uno de ellos, aliado con los directivos de la empresa Mine Finders se trajo de allá a un grupo de contratistas y concesionarios de la empresa para increpar a los ejidatarios y al que esto escribe, entonces diputado local, por haber osado denunciar los perjuicios ambientales y sociales provocados en el mineral de Dolores, ejido Huizopa.
No termina ahí la campaña antibarzonista. En las más recientes semanas en diversos medios se culpabiliza a los vendedores ambulantes de esta organización de haber invadido diversos puntos de esta ciudad a la que ha costado tanto embellecer con macroplazas, megabalcones y demás. Como si fueran los únicos ambulantes organizados que se han lanzado a las calles en una época en que Chihuahua sigue sin recuperar los empleos que tuvo hace 12 años.
También las encargadas del área de vivienda de esta organización manifiestan que se han agravado en las últimas semanas los desalojos de personas con deudas, ejecutados con lujo de prepotencia por agencias  privadas de seguridad. Hasta las abogadas del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, señalan que va en ascenso la actitud hostil de las autoridades judiciales contra las mujeres que se  las nombran como coadyuvantes o asesoras en los cada vez más frecuentes casos de violencia de género.
 No estamos, pues, ante ataques que por casualidad, se enfoquen a una misma organización. Se trata con toda claridad de desprestigiar a El Barzón, tanto en sus dirigentes como en sus bases; tanto a los campesinos, como a los ambulantes y derechohumanistas.  ¿Será porque la capacidad de convocatoria y de protesta de El Barzón rompe el monopolio de control priísta en varios sectores importantes?
Ante una somnolienta y acomodaticia CNC, que no se manifiesta si no hay box lunch y banda musical que la reciba, menos ahora que tendrá “presidente campesino”. El Barzón se ha revelado como una fuerza importante para plantear y exigir la resolución de los problemas torales que afectan al campo chihuahuense: las tarifas eléctricas para riego agrícola, el acaparamiento del agua, la devastación de los recursos naturales.
Por otro lado, ¿qué no ha sido el PRI quien desde siempre ha corporativizado, manipulado, aprovechado políticamente a los ambulantes? ¿No llevan la mayoría de sus carritos o de sus puestos los círculos tricolores o los emblemas de la CNOP? ¿por qué ahora se escandalizan los medios acríticos y echan toda la responsabilidad a los barzonistas? ¿Será que se teme que así como se rompió el monopolio tricolor del ambulantaje, se rompa luego el dominio draconiano que ejercen sobre los transportes materialistas o los taxistas o los camiones urbanos, como ya ha ido sucediendo, aunque sea tímidamente?
Que hay linchamiento mediático y político contra El Barzón, es un hecho. Que lo mueven los intereses de las trasnacionales mineras, de quienes se han convertido en acaparadores de agua, de pozos y de subsidios para tecnificación del riego, y de quienes éstos contratan para sembrar miedo, también es un hecho, lo mismo que la grilla de organizaciones corporativas priístas que ven amenazados su poder, su convocatoria y su lucro.
Si ahí quedara todo de  por sí sería preocupante, pero lo es mucho más y más condenable cuando se percibe detrás de esta campaña, la participación del Gobierno del Estado. Porque muestra que en Chihuahua no ha bastado con acabar con los contrapesos  en las instancias políticas, como son el Congreso, la CEDH y el ICHITAIP. Ahora se percibe que se quiere debilitar también cualquier contrapeso en el ámbito de la sociedad, desprestigiando, difamando, rafagueando a quien opte por la crítica y la disidencia. 

lunes, 1 de octubre de 2012

Tomochi, "la voluntad de un pueblo"

El día de hoy da inicio la Semana de Arte, Género y Derechos Humanos. Para empezar la semana se presentará la pieza Tomochi "la voluntad de un pueblo". Por que el olvido no es un derecho l@s invitamos a recordar, recordemos. 

En: Auditorio de la facultad de artes (Campus viejo de la UACh).
Hora: 8:00pm.
Entrada Libre. 


sábado, 29 de septiembre de 2012

Semana de Arte, Género, y Derechos Humanos



Del 1 al 6 de octubre del presente año, en la ciudad de Chihuahua, se estará realizando la primer Semana de Arte, Género y Derechos Humanos. A lo largo de 6 días se presentarán, desde diversas disciplinas artísticas, piezas que involucran los elementos emblemáticos del nombre de la semana (vinculación entre sociedad, cultura, arte, género y derechos humanos). En esta ocasión se tendrán de invitados, 3 personajes emblemas de la cultura colombiana; la directora de teatro y actriz Patricia Ariza, el maestro Carlos Zatizával, y la actriz Nora González, además se realizará el taller creativo Pasarela “voces y pasos de mujeres contra la violencia”, mismo que será impartido por la fundadora de la Corporación Colombiana de Teatro, y directora del teatro la Candelaria (Bogotá); Patricia Ariza. El taller se estará realizando del 1 al 4 de octubre del 2012 en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 3:30 a 7:00pm., para presentar los resultados con una puesta en escena en el Teatro de la Ciudad. El proyecto es una iniciativa del grupo Diálogo y Acción Ciudadana; por un Chihuahua Libre y Sin Temor, mismo que está siendo respaldado por el MagdalenaProject, y es apoyado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto de Cultura del Municipio, el Instituto Chihuahuense de Cultura, Unidad de Estudios Históricos de la UACJ, algunos particulares como La Antigua Paz, Kaldi café, café Calicanto, y el restaurante La Casa, entre otros.
Con la Semana de Arte, Género y Derechos Humanos, se pretende poder trabajar sobre puntos específicos de la Ley Estatal de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y recomendaciones que diversos organismos internacionales de derechos humanos han hecho al estado mexicano.
Las y los convocantes, como artistas, activistas y defensoras de derechos humanos, sabemos que el arte es la grieta más abierta; el punto más vulnerable para poder entrar a modificar los cánones de un orden ya establecido en un ámbito en el que la expresión humana, desde la voz artística, se encuentra menos amordazada.  


miércoles, 5 de septiembre de 2012

Sierra Tarahumara: El narco, historias de terror


Por: Patricia Mayorga Ordóñez
Publicado previamente en: proceso.com.mx
patriciamayorgaordez@gmail.com

Las historias de terror en el municipio de Guadalupe y Calvo, localizado en plena Sierra Tarahumara, se repiten día a día, sin que las autoridades municipales, estatales y federales tomen cartas en el asunto.
En la comunidad El Ojito, por ejemplo, un comando ejecutó el pasado miércoles 26 a un joven de 27 años de edad. La víctima, Saúl Martínez Rodríguez, fue decapitado frente a sus familiares.
Antes de degollarlo, los asesinos le hicieron una herida en el tórax de aproximadamente 40 centímetros. Un shock hipovolémico fue la causa de su muerte, según la Fiscalía Zona Sur.
En Guadalupe y Calvo la violencia es pan de cada día. La última semana de junio pasado, el grupo armado que domina la cabecera municipal despojó de sus armas a los agentes municipales y les exigió 10 mil pesos para regresárselas.
No conformes con esa acción, el día 29 un comando degolló a un hombre frente al hospital.
En entrevista, el alcalde José Rubén Gutiérrez Lorea reconoció que hay hechos violentos en su localidad, pero nada diferente de lo que sucede en otras partes del país, dijo.
El día de las elecciones, el pasado domingo 1, integrantes de un grupo delictivo amenazaron a funcionarios de una casilla de la comunidad de Tohayana, y casi tres meses antes de que se realizaran los comicios, 34 hombres fueron asesinados en esa región.
Gutiérrez Acosta dice que se enteró de que algo había sucedido en la Tohayana, pero no reconoció los asesinatos.
“Sí, dijeron que hubo una agarre allá, pero hace más de un mes. Ni hay tanta gente allá, la mayoría se ha ido para el otro municipio del otro estado (Sinaloa), ahorita quedan ya como unas dos familias, eso dicen”.
Aseguró que el Ejército hace recorridos y la situación se ha tranquilizado, aunque los pobladores opinan lo contrario.
El miedo ha obligado a la gente de la comunidad a encerrarse todos los días en sus casas y los fines de semana prefieren salir de Guadalupe y Calvo.
En los últimos meses la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ha insistido en la necesidad de investigar lo que sucede en ese municipio, colindante con el estado de Sinaloa.
En varias ocasiones, el visitador de la CEDH en Parral, Víctor Horta Martínez, ha pedido que los agentes municipales sean equipados con armamento, pero hasta ahora las autoridades del lugar no han dado una respuesta. Son 60 agentes distribuidos en tres turnos en la cabecera municipal y algunos más en los seccionales.
El presidente de la CEDH, José Luis Armendáriz González, admite que la violencia en el municipio ha incrementado la saña y se ha naturalizado.
Los grupos delictivos, dice, tienen enfrentamientos constantes en las poblaciones, pero es difícil registrar los homicidios o desapariciones porque ellos mismos se llevan a las víctimas por diferentes motivos. No quieren llamar la atención de corporaciones policiacas, asegura, para continuar campeando en la impunidad sin que el Ejército o las policías estatal y federal, se vean obligadas a reforzar la vigilancia.
Uno de los militares que ha trabajado en aquella zona ubicada al sur del estado de Chihuahua, asegura que si bien han logrado decomisar droga, armas y aprehender a delincuentes, su trabajo –afirma– es casi igual al de los barrenderos: “has de cuenta que vas barriendo y alguien viene atrás de ti echando más basura”.
Indica que la actividad del narcotráfico es parte de la vida cotidiana de los pobladores. Por ejemplo, detalla, los niños y mujeres indígenas son contratados para trabajar en la siembra y cosecha de amapola, porque son expertos jornaleros para limpiar ese tipo de cultivos, como el de la manzana, chile, cebolla, etcétera.
Los hombres indígenas se dedican a labores más rudas, como la cosecha de mariguana, que para ellos es un trabajo más, ya que no se involucran en la delincuencia organizada porque son “nómadas” y no están acostumbrados a trabajar en empresas establecidas, por lo tanto van de trabajo en trabajo, de temporal en temporal.
Historias de terror
En la cabecera municipal los habitantes han convertido sus casas en “tanquetas” y viven con la incertidumbre de ver en cualquier momento y a cualquier hora la llegada de hombres armados, encapuchados o no, para enfrentarse entre sí o con gente del pueblo.
Los fines de semana, maestros, personal médico y particulares salen del pueblo, porque en esos días se acentúa la violencia.
“Cuando regresamos, nos encontramos con que hubo muertos, levantados, secuestros. Los rescates allá se piden en millones, por lo general son 5 millones. La gente se mueve para conseguirlos, es muy común que trabajen la goma, la venden y la revenden y sale el dinero”, explica uno de los maestros del pueblo.
Las reuniones para festejar los cumpleaños son a puerta cerrada y a temprana hora. “Es tanta la psicosis que cierras la puerta, y si tocan no abres ni preguntas quien es, hasta que escuchas la voz de quien toca, o si te visitan tienen que hablarte antes por teléfono para avisarte. Las escuelas están cerradas siempre, los niños salen al recreo solamente y no se entregan hasta que lleguen los papás. Sólo unos están autorizados para irse solos porque viven cerca”, subraya.
Según el profesor, más de la mitad de los alumnos de una de las primarias son niños huérfanos de padre o de madre. Incluso hay grupos en los que de 23 alumnos, 18 son huérfanos, debido a que las mujeres por lo general son asesinadas por ser pareja de hombres que están involucrados con grupos delictivos, apunta.
En Guadalupe y Calvo la comunidad indígena es de la etnia tepehuana, casi la mitad de la población. Hay un albergue católico al que llegan muchos de esos indígenas y también comunidad mestiza. En ese albergue atienden a niñas que han sido violadas, abusadas, abandonadas o maltratadas y que tienen fuertes secuelas psicológicas.
El albergue cuenta con esquema de tiempo completo y es financiado por un patronato y por la Fundación del Empresariado Chihuahuense, pero los esfuerzos efectivos son de la misma comunidad, maestros y médicos.
“Vale la pena permanecer porque ves que sí haces el cambio, que se puede hacer algo con los niños”, asegura el profesor entrevistado.
“Todos saben quién vende y quién consume (mariguana). El problema ahorita es que se supone que gente que estaba desde siempre era de El Chapo. Hace como un año y medio o dos años detuvieron a un señor que le decían El Mochomo, todavía está en la cárcel, y como no lo han sacado su gente se les volteó y andan matando a la gente de El Chapo (Joaquín Guzmán Loera)”, dice.
Recuerda la masacre de hace tres meses en Tohayana, que por cierto, afirma, no trascendió a los medios de comunicación. Luego de que los mataron, añade, enviaron el aviso al pueblo: si no se calman habrá más muertos. El pasado domingo 22 mataron a seis y el miércoles 25 a cinco, también en la cabecera municipal.
“Son muy sanguinarias las muertes, los torturan, decapitan, cercenan. Los balazos que se escuchan son por arriba de los cien disparos, a veces no duran mucho tiempo en horas, pero sí son más seguidas. Para ir a El Vergel, por ejemplo, Guadalupe y Calvo es paso obligado para llegar, y allá la gente es de otro grupo delictivo, y cuando pasan para allá se arma la balacera”.
El coordinador del Instituto Chihuahuense de Educación para Adultos en esa región, Héctor Jáurgui, atropelló a un hombre hace un mes en la cabecera municipal. El mismo profesor llevó al herido al hospital, pero horas más tarde falleció.
El hombre atropellado era papá de uno de los sicarios del pueblo, quien obligó a la policía a detener al conductor y entregárselo.
“Es tanto el descaro que lo mataron delante de muchos testigos que escucharon que cuando lo iban a matar, él decía que no lo hicieran porque tenía familia”, cuenta el maestro.
La CEDH recibió la queja del caso y el visitador Víctor Manuel Horta dio a conocer que por orden de la Fiscalía, todo funcionario que viaje a Guadalupe y Calvo deberá hacerlo con seguridad, ya que varios han sido asesinados durante los últimos meses.
El fiscal de la Zona Sur, David Flores Carrete, señaló que la actuación de la Dirección de Seguridad Pública Municipal en Guadalupe y Calvo puso en duda su propio trabajo con su actuación.
En la cabecera municipal, tres camionetas que con frecuencia recorren el lugar son identificadas por la gente del poblado como un grupo que llegó de Sinaloa desde hace poco tiempo. Viajan encapuchados, con vestimenta militar y cuernos de chivo.
“Son jóvenes, otros andan con el rostro descubierto, a toda hora. Antes tú sabías quienes eran los malvivientes, sabes quien vende droga y quien la consume, pero ahora no respetan a nadie, se ha vuelto más sanguinario todo”, subraya el entrevistado.
Huyen por inseguridad
Decenas de médicos y enfermeras del municipio han huido en el último un año y medio debido a que fueron dañados por la violencia directamente.
Desde 2010, los médicos del hospital Regional de la Secretaría de Salud del gobierno del estado han vivido momentos de terror cuando les ha tocado atender a heridos por proyectiles de arma de fuego que pertenecen a uno u otro grupo.
Por ejemplo, un matrimonio de médicos –él pediatra y ella internista– tuvo que irse del hospital hace tres meses porque atentaron contra uno de ellos en el camino a El Ocote, y a su hija de ocho años la sacaron del lugar porque fue amenazada de secuestro. Pidieron su cambio por la situación de su hija, pero sólo les dieron un permiso de seis meses para arreglar su situación.
La mayoría de los médicos que arriban al lugar lo hacen por su servicio social o internado, y cuando concluyen deciden quedarse ahí porque ven las necesidades y la bondad de la gente que los necesita. Sin embargo, la situación de violencia los ha obligado a irse, incluso con su antigüedad de 10 a 20 años. Son médicos originarios de Puebla, Guerrero, Baja California, Distrito Federal, Sonora y Chiapas, Jalisco y Chihuahua.
“No hay quien quiera irse ya a la sierra”, dicen dos médicos que salieron de la comunidad. Uno dejó el hospital hace un año y medio y el otro hace unos meses.
Según los galenos, por lo menos en tres ocasiones han ingresado al hospital grupos armados para ir por un paciente y asesinarlo.
En diciembre de 2010, a la una de la mañana, llegaron personas a preguntar a una enfermera por un paciente. Cuando les indicó dónde se encontraba, lo acuchillaron. Cuando los sicarios salieron de la habitación, la enfermera se encontró frente a frente con ellos. Eran jóvenes entre 18 y 20 años, quienes la amenazaron con un cuchillo.
Una semana después, en fin de año, un grupo armado ingresó al hospital. Una de las enfermeras que estaba de guardia fue interceptada y amenazada por los “familiares” de la víctima de un paciente para que les dijera dónde se encontraba éste. Se llevaron al herido y lo asesinaron a un kilómetro del nosocomio.
La enfermera fue trasladada por seis meses a un hospital de la capital, para recibir tratamiento por estrés postraumático. Al vencer ese periodo, solicitó un permiso para no regresar, debido a que está amenazada.
El Sindicato de Trabajadores de Salud le pidió no presentar denuncias.
En otra ocasión, al iniciar 2011, llegó un herido por arma de fuego al hospital y la esposa pidió protección porque no lo podían trasladar. En el nosocomio le indicaron que no podían darle seguridad.
“La familia llevó a mucha gente armada, estuvieron en el hospital como 36 horas. El ambiente estaba muy tenso. Eran como ocho personas en los pasillos y había más en el estacionamiento y en la barda”, relata una de las doctoras.
Médicos y enfermeras tuvieron que hacer frente a la situación todo ese tiempo. El director llegó luego de varias horas “y les dijo a los hombres armados: ‘pórtense bien muchachos, porque luego los doctores no van a querer atenderlos”.
El Ejército llegó cuando los hombres ya se habían ido. Los militares interrogaron a los médicos, pidieron hablar con el paciente y con el director. “El problema es que hubo un rumor de que los médicos habíamos avisado a los militares y temíamos que tomaran represalias”, dice.
El 12 de septiembre de 2011 ingresó al hospital otro comando y ejecutó a un hombre de 33 años que apenas había ingresado, herido por arma de fuego.
Los hombres armados lo siguieron hasta el área de urgencias, lo mataron y se marcharon. El personal quedó en shock, pero tampoco hubo cambios de plazas.
Policías desamparados
El 19 de mayo último asesinaron al director de Seguridad Pública de Guadalupe y Calvo, Eleazar Salas Martínez. Esa tarde salió con uno de los agentes policiacos hacia un lugar al que lo habían citado, según la declaración del policía que sobrevivió.
Cuando llegaron a una hacienda, varios hombres armados y encapuchados los ‘levantaron’, les vendaron los ojos con cinta y se los llevaron a un lugar despoblado. El agente escuchó varios disparos y luego de unos minutos se destapó los ojos y vio que ya no había nadie, declaró.
El comandante tenía 36 años y dejó niños pequeños. No tenía seguro de vida ni seguridad social, tampoco firmaba recibos de nómina y estaba registrado con un subsueldo ante el Ayuntamiento. La esposa recibirá el apoyo del Fideicomiso para la Atención de Víctimas de la Delincuencia. Nada más.
La semana pasada asesinaron al policía que sobrevivió en aquel atentado. Iba acompañado de su hermano y su sobrino, quienes también fueron ejecutados.
Para los habitantes de Guadalupe y Calvo, el mismo agente fue quien “puso” a su jefe para que lo asesinaran.

lunes, 3 de septiembre de 2012

Por que en Chihuahua hay mucho más que ver

Sabemos que en medio de la violencia generalizada que vivimos, hay acciones que nos hacen recordar las formas hermosas de entender y vivir la vida, es por ello que te invitamos a asistir a la exposición pictórica de la artista plástica Marcela Ochoa. 



Marcela Ochoa es licenciada en Arte y es egresada de la facultad de artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh). Durante el 2012 ha expuesto su obra de forma individual en las ciudades de León y Zacatecas, obteniendo en ambos lugares muy buenos comentarios de sus piezas. Ha participado y organizado exposiciones colectivas como Pintoras Mexicanas en Chihuahua, y en los próximos meses coordinará una exposición colectiva en el marco de la visita de la maestra Patricia Ariza a nuestra ciudad. Ha participado como coordinadora en eventos de corte cultural y de derechos humanos en el grupo Chihuahua Libre y Sin Temor. 

La cita es este miércoles 5 de septiembre de 2012.

El lugar: café Kaldi Bolívar (Paseo Bolívar #208) a las 20:00 horas.

Lxs esperamos!!


viernes, 31 de agosto de 2012

Todos somos ciudad Juárez

Por: Liliana Pedroza 


En México el próximo 1 de septiembre será el sexto y último informe presidencial de Felipe Calderón Hinojosa en el que tendrá que dar cuenta por las más de 60 mil muertes violentas dentro de la llamada guerra contra el narcotráfico que inauguró su mandato. El tráfico de drogas es un asunto añejo a conveniencia y demanda de sexenios anteriores y de política exterior; el enfrentamiento con armas de fuego de policías federales y militares contra presuntos integrantes de la droga en espacios públicos, no. 

En enero de 2010 fueron asesinados una treintena de jóvenes  durante una fiesta en Villas de Salvárcar, un barrio de Ciudad Juárez. Felipe Calderón desde Japón declaró que se trataba de una riña entre pandilleros cuando en realidad eran estudiantes de entre 15 y 20 años que celebraban un cumpleaños en una casa particular. Calderón tuvo que disculparse por su declaración e inmediatamente surgió una reunión exprés en la ciudad fronteriza para tratar la problemática de la violencia. Luz María Dávila, madre de dos hijos asesinados se pronunció ese día ante él y su imagen se repitió en los noticieros durante días: “Discúlpeme, señor Presidente, yo no le puedo decir bienvenido, porque para mí no lo es”.  En esa reunión se debatió, se escuchó la opinión de expertos y de la ciudadanía. De eso han pasado dos años y medio y la violencia en Ciudad Juárez sólo se ha recrudecido.
Felipe Calderón tendrá que dar cuentas sobre los padres que en medio de la búsqueda de justicia por sus hijos asesinados o “desaparecidos” también fueron asesinados. Como el caso de Marisela Escobedo muerta enfrente de Palacio de Gobierno de Chihuahua  en diciembre de 2010 o Nepomuceno Moreno asesinado en noviembre de 2011. Las amenazas de muerte a Norma Andrade fundadora de la organización “Nuestras hijas de regreso a casa” que denuncia los feminicidios en Juárez. O las recientes intimidaciones a la defensora de Derechos Humanos Lidia Cacho que la han forzado a marcharse del país. 
Felipe Calderón se va. ¿Dónde estará su residencia después de su mandato? Mientras, millones de mexicanos en el norte de México tendrán que seguir viviendo día a día dentro de una guerra que no hemos pedido y que de pronto, en tan sólo unos años, nos ha vuelto huérfanos de padres, de hermanos, de amigos. Aquella mañana de febrero mientras veíamos en la televisión a Luz María enfrentarse a Calderón no sospechábamos que también estaríamos como ella lamentando nuestro propio difunto y relatando, incrédulos, una muerte violenta. “No le puedo decir bienvenido”.

Contradiscurso 
Este 1 de septiembre también un grupo numeroso de escritores con sede en más de 140 ciudades de 25 países en 4 continentes nos reuniremos en un acto pacífico como proclama a la no violencia en México en un recital literario llamado Escritores por Ciudad Juárez.
Leeremos porque la literatura es una trinchera digna donde combatir la ignominia y la indiferencia. Porque con ello manifestamos nuestra solidaridad a las víctimas: les damos peso, nombre, dolor, desde el dolor que podemos entender desde nuestras circunstancias. Porque nos reconocemos y nos acompañamos en este trayecto largo que es la reconstrucción de la paz en México y en todo lugar donde se duerma, se viva y se respire con el sonido de una balacera.
En Ciudad Juárez, en el norte de México, hay millones de personas que salen de casa todos los días sin saber si ellos o su familia regresarán vivos. Y entre ellos hay quienes han organizado una biblioteca en su barrio, inaugurado salas de lecturas para niños, leen en los parques y en el transporte urbano. Saben que la literatura salva porque es un espacio en el que uno existe en todas sus posibilidades.
Para ellos es este recital, para acompañar a hombres y mujeres que en su diario trabajo se esfuerzan por una ciudad donde se pueda vivir con dignidad, donde salir a la calle sin miedo sea un acto cotidiano otra vez.