miércoles, 30 de enero de 2013

Vivas se las llevaron y vivas las queremos

Por Linda Flores (@Magnolisima)


“Quién pudiera,
aún entre cadáveres,
ser cazadora de utopías”
Micaela Solís

 544 personas desaparecidas en el estado Chihuahua durante el 2012, de las cuales,151 son mujeres, y hasta el día de hoy se contabilizan 219 desaparecidas con reporte vigente (se toman en cuenta casos desde 1993). Las y los desaparecidos, bien podrían ser entendidos como toda una generación que intentó ser borrada del recuerdo, y pareciera, son sus familias los únicos interesados en conservar su recuerdo en la memoria colectiva, aunado, a reclamar que los sucesos no se repitan. El más reciente ejemplo es la “Caminata por la vida y la justicia de las desaparecidas en ciudad Juárez”, mamás y papás emprendieron la marcha con la finalidad de llegar al gobernador del estado para poder tener una audiencia pública con él y solicitarle:
I.- La entrega inmediata de los restos óseos que están resguardados en el Servicio Mexicano Forense (Semefo). Recuerdo que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAFF) en su primera visita a ciudad Juárez, declaró que había más restos de mujeres que familias que los reclamaban, aunado a que en esos años, fue un escándalo local que se despidió a la persona encargada del resguardo de los restos óseos, el argumento –más que justificable- fue que estaban mal clasificados los restos y que no se había trabajado en la identificación de los mismos.
II.- Segundos dictámenes de ADN –con expertos-, para que las familias puedan tener la certeza de que los restos son de sus hijas, ademá, se solicita que los procedimientos de entrega e identificación se apeguen a estándares de derecho internacional. Durante la presentación del Informe de Desaparición Forzada de la ONU en Chihuahua, en mayo del 2012, en uno de los salones de la presidencia municipal, la defensora de derechos humanos, Lucha Castro, indicó la importancia, y la urgencia, de la presencia de organismos internaciones como el EAAF, y aunque en esa sala había funcionarios públicos “interesados” en el fenómeno, parece no escucharon las palabras que se dijeron en ese evento.
III.- Que el gobernador César Duarte, aclare la desinformación dada a las familias; se les ha dicho que “no hay cuerpos”, de ser así, el gobernador tiene que responder a varias preguntas: ¿Siguen vivas las jóvenes desaparecidas? ¿Dónde están?
IV.- Responder ¿quién o quienes, secuestran a las jóvenes? ¿Quiénes cometen los feminicidios?
V.- Señalar, y sobre todo, sancionar a los funcionarios cómplices por omisión, y corrupción que truncan las investigaciones.
VI.- Conocer las líneas de investigación que se tienen de cada uno de los casos de las jóvenes desaparecidas.
VII.- Reclamar que los sucesos ocurridos a las jóvenes desaparecidas y asesinadas no se repitan. Cuando caminaba con las mamás me contaban que a sus hijas se las habían llevado del Centro de ciudad Juárez, mientras escuchaba detalles de cada una de las desapariciones, recordé que el 1 de mayo del 2012, integrantes de organizaciones de Juárez y Chihuahua, pedimos al gobernador César Duarte pusiera atención a lo que ocurría en el Centro de Juárez, le solicitamos se difundieran las pesquisas de las desaparecidas e información de las recompensas para localizar a las jóvenes. Hasta ese momento, en Chihuahua, sólo se había liberado la recompensa por Pamela Leticia Portillo, con un monto de 200 mil pesos, le explicamos al gobernador la importancia de costear la difusión de la recompensa además, los costos de las lonas para difundir la información estaban corriendo a cargo de gente que apoyó a la madre de Pamela.
Imagen de Patricia Mayorga

A modo de resumen la caminata mostró: la evidente estrategia para hacer declinar a las mamás, desde el 15 de enero, día que emprendieron su marcha, se dieron declaraciones al respecto, curiosamente quienes opinaron, en ningún momento caminaron con las familias. Lamentablemente, de gobierno, se consultó a una organización de Chihuahua (ni si quiera de ciudad Juárez) para tratar de negociar los puntos que querían hablar las familias. Deliberadamente, se mal entendió la información, y mientras las madres caminaban, en la capital les cuestionaban los motivos y la causa de su salida de Juárez, siendo acusadas de haber salido por un capricho, esta declaración en lugar de deslegitimar la caminata la hizo más fuerte, porque con tales afirmaciones, quedaron expuestas las formas gubernamentales para que no se hable de los asuntos de verdadero interés en el estado. Y en sí, era el gobernador el único que podía haber detenido la caminata dando audiencia y entablando un canal de diálogo. Por otro lado, lo positivo de la caminata, fue que gracias a esa presión se consiguió la audiencia con el gobernador, y que el vínculo para tal audiencia fueron directamente las familias. Se dio a conocer que la desaparición sigue ocurriendo en Juárez y Chihuahua, se liberaron recompensas por información de más mujeres desaparecidas (cada una por 100 mil pesos), llegaron a ciudad Juárez elementos federales para investigar el caso de una joven vista en Estados Unidos. Las madres de Juárez pudieron encontrarse con otras familias que sufren la desaparición de alguno de sus familiares. Organizaciones de Chihuahua, específicamente el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, El Barzón, gente de la Unión Campesina Democrática, y desde luego, la sociedad civil, mostraron su solidaridad y compromiso con las víctimas, curiosamente, algunos medios de comunicación, de nuevo, atacaron a las 2 primeras agrupaciones, y esto refrenda que la campaña de desprestigio a las y los activistas comprometidos sigue en pie.
Lo ocurrido hace evidente que nuestros representantes gubernamentales insisten en que no hay que “remover el pasado” y que hay que mirar hacía adelante, sin embargo, las familias y quienes los acompañan saben que ellos están equivocados, las heridas por la desaparición –igual que los feminicidios, los asesinatos de Ismael y Manuelita-, aún están abiertas, y el único tratamiento es la verdad de lo ocurrido, después, el acceso a la justicia, y cuando eso ocurra, se podrá decir que vivimos en un estado que mira hacía adelante y se respetan la vida y los derechos humanos.


Imagen de Patricia Mayorga

martes, 8 de enero de 2013

Nuestro Triste 2012



“…los malos roban a los buenos y los matan…los malos viven mucho, 
prolongan sus ombligos por kilómetros 
y empapelan sus mansiones con las leyes que ellos
 y sus satélites fabrican para su eterna protección.”
 – Nelli Campobello
Las primeras semanas del 2012 fue noticia nacional la hambruna existente en nuestro estado, tras la presión nacional e internacional, el 31 de enero se presentó el proyecto gubernamental Chihuahua con Vida.  El objetivo era brindar apoyo alimentario a las personas que viven en la Sierra Tarahumara y otras comunidades rurales, sin embargo, todo el año fuimos testigos del desfase entre el problema y la manera en que el gobierno local enfrentó la situación, quedó claro se sigue aplicando una política asistencialista ignorando el fondo social, económico y político del empobrecimiento de la zona.
 Ese fue el primer grito de las zonas rurales externando que lo que se dice oficialmente no tiene nada que ver con lo que ocurre en realidad. El 15 de octubre con el secretario de gobierno, Raymundo Romero, un grupo de campesinos del ejido de Benito Juárez solicitaron se atendiera la problemática de su comunidad, donde señalaban que la apertura de la mina “El cascabel” causaría daños ecológicos (como las minas de la Sierra Tarahumara y otros lugares del país), aunado a la denuncia por la poca agua con la que contaba la gente de la comunidad, y los escasos recursos con los que cuentan para sobrevivir. Ese día, como en los cuentos de Juan Rulfo, se le pidió protección al gobierno para la gente de la comunidad, una semana después asesinaron al señor Ismael Solorio y su esposa, Manuelita Solís.
Empezando el mes de marzo (mes de la mujer) se abrió la controversia en torno a la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en ciudad Juárez. El gobierno declaró que el EAAF no había entregado reporte de su investigación y que habían dejado el trabajo incompleto. A esto respondió Mercedes Doretti, encargada de la investigación, que su equipo entregó un reporte donde señalaban que habían recuperado los restos de 83 mujeres no identificadas, y no de 35 como declaró el gobierno. Los restos que el equipo encontró estaban almacenados y sin clasificar en el SEMEFO de Ciudad Juárez, en el Centro de Control Comando, Cómputo y Comunicaciones de la ciudad de Chihuahua (C4), y en fosas comunes de donde fueron recuperados. A la salida del EAAF, en el 2010, se habían identificado 33 osamentas, de las cuales, 26 pertenecían a mujeres de Ciudad Juárez, y las demás eran de mujeres que habían desaparecido en la capital y lugares aledaños. Desde la administración de la entonces Procuradora de Justica, Patricia González, el EAAF había declarado que había más cuerpos de mujeres asesinadas que familias que reportaban a desaparecidas. De los 83 restos óseos estudiados, 50 no coincidieron con ninguna de las 75 familias que forman parte de la base de datos que las antropólogas crearon con muestras genéticas de 195 familiares. Este fue el dato clave para reforzar la teoría de que las mujeres asesinadas en el Estado no sólo son de Chihuahua – incluso podrían ser de otros lugares de Latinoamérica en un intento por cruzar a los Estados Unidos.
Recordemos que el EAAF entra a nuestro país en el 2003, invitado por el gobierno del entonces presidente Vicente Fox, quien en su campaña para presidente se comprometió a abrir los expedientes de personas desaparecidas durante el conflicto de 1968 y la Guerra Sucia en México. A la ciudad de Chihuahua el EAAF es invitado por un grupo de activistas y académicas que trabajan por los derechos humanos de las mujeres; ellas logran que en mayo del 2005 el EAAF firme un contrato con la entonces procuradora de justicia del Estado de Chihuahua. Después de los primeros meses de trabajo del EAAF en Chihuahua, se propuso se hiciera una base de datos genéticos incluyendo a familias de otros Estados con mujeres desaparecidas que muy probablemente hubieran pasado por Chihuahua. Esto implicaría hacer una campaña de denuncia en todo México y otros países, proyecto que nunca se concluyó.
 Tras los datos recopilados por el EAAF, en el 2009 por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se hacen las primeras recomendaciones para atender los feminicidios (Véase Caso Gózales y otras, Campo Algodonero), sin embargo, también en marzo, se encontraron nueve cuerpos de mujeres en un predio de Práxedis Guerrero, tres de ellos pertenecientes a jóvenes que desaparecieron en 2009 y 2010. Lizbeth Avilés García, de 17 años, desaparecida desde el 22 de abril del 2009. Jessica Leticia Peña García, de 17 años, desaparecida el 16 de junio del 2010 y, Andrea Guerrero Venzor, de 15 años, reportada como desaparecida el 19 de agosto del 2010.
Lamentablemente, todo el año vimos que no hubo protección alguna para las mujeres de Chihuahua, tal como lo indican las cifras oficiales de la Fiscalía General del estado de Chihuahua, que nos permiten comprobar que hasta el día de hoy hay 219 mujeres desaparecidas en el Estado.

Pese a las cifras oficiales, y el dolor de que hemos visto tienen las familias por sus desaparecidas, el gobernador del Estado de Chihuahua, César Duarte Jácquez, declaró que las organizaciones civiles empezaron una campaña de desprestigio para el Estado, que mienten al declarar que tenemos el primer lugar de feminicidios en el mundo, y que son falsas las declaraciones en torno a la tortura y desaparición.  Como grupo, una de nuestras preguntas que arrastramos desde el 2012 es ¿Qué diagnóstico podemos derivar cuando un gobernador descalifica de esta manera a quienes, en lugar de formar parte de la simulación y omisión de la realidad actual (patente en eventos y comunicados oficiales), cumplen con lo que Tzvetan Todorov dice es una obligación ciudadana: “Cuando un individuo o un grupo ha vivido experiencias extremas o eventos trágicos, su derecho es también un deber: el deber de recordar y dar testimonio.”? Nosotros recordamos a cada una de las mujeres desaparecidas y asesinadas, no olvidamos la indolencia de las autoridades para las y los indígenas que denunciaron la hambruna durante todo el 2012, y fuimos testigos de como se violentaron los derechos humanos de quienes pidieron protección, como lo hizo la señora Marisela Escobedo (diciembre 2010).
 Esperamos que este 2013 podamos ver que nuestros gobernantes sí están interesados en cambiar favorablemente la triste realidad que vivimos, confiamos que en este 2013 sí se cumpla las recomendaciones emitidas por el caso de los 15 jóvenes asesinados en Villas de Salvacar (Recomendaciones 50/2011 y 49/2011), confiamos que sí se aplicarán los protocolos de búsqueda cuando una mujer se reporte como desaparecida, confiamos que los gabinetes de los gobernantes contarán con especialistas para atender las problemáticas, y no con gente cuyo único interés es escalar en la política partidista y la administración pública.
Por un Chihuahua Libre y Sin Temor.