Por Linda Flores (@Magnolisima)
“Quién pudiera,
aún entre cadáveres,
ser cazadora de utopías”
Micaela Solís
544 personas desaparecidas en el estado Chihuahua
durante el 2012, de las cuales,151 son mujeres, y hasta el día de hoy se
contabilizan 219 desaparecidas con reporte vigente (se toman en cuenta casos
desde 1993). Las y los desaparecidos, bien podrían ser entendidos como toda una
generación que intentó ser borrada del recuerdo, y pareciera, son sus familias los
únicos interesados en conservar su recuerdo en la memoria colectiva, aunado, a
reclamar que los sucesos no se repitan. El más reciente ejemplo es la “Caminata
por la vida y la justicia de las desaparecidas en ciudad Juárez”, mamás y papás
emprendieron la marcha con la finalidad de llegar al gobernador del estado para
poder tener una audiencia pública con él y solicitarle:
I.- La entrega inmediata de los restos
óseos que están resguardados en el Servicio Mexicano Forense (Semefo). Recuerdo
que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAFF) en su primera visita a
ciudad Juárez, declaró que había más restos de mujeres que familias que los
reclamaban, aunado a que en esos años, fue un escándalo local que se despidió a
la persona encargada del resguardo de los restos óseos, el argumento –más que
justificable- fue que estaban mal clasificados los restos y que no se había
trabajado en la identificación de los mismos.
II.- Segundos dictámenes de ADN –con
expertos-, para que las familias puedan tener la certeza de que los restos son
de sus hijas, ademá, se solicita que los procedimientos de entrega e
identificación se apeguen a estándares de derecho internacional. Durante la
presentación del Informe de Desaparición Forzada de la ONU en Chihuahua, en
mayo del 2012, en uno de los salones de la presidencia municipal, la defensora
de derechos humanos, Lucha Castro, indicó la importancia, y la urgencia, de la
presencia de organismos internaciones como el EAAF, y aunque en esa sala había
funcionarios públicos “interesados” en el fenómeno, parece no escucharon las
palabras que se dijeron en ese evento.
III.- Que el gobernador César Duarte,
aclare la desinformación dada a las familias; se les ha dicho que “no hay
cuerpos”, de ser así, el gobernador tiene que responder a varias preguntas:
¿Siguen vivas las jóvenes desaparecidas? ¿Dónde están?
IV.- Responder ¿quién o quienes,
secuestran a las jóvenes? ¿Quiénes cometen los feminicidios?
V.- Señalar, y sobre todo, sancionar a
los funcionarios cómplices por omisión, y corrupción que truncan las
investigaciones.
VI.- Conocer las líneas de
investigación que se tienen de cada uno de los casos de las jóvenes
desaparecidas.
VII.- Reclamar que los sucesos
ocurridos a las jóvenes desaparecidas y asesinadas no se repitan. Cuando
caminaba con las mamás me contaban que a sus hijas se las habían llevado del
Centro de ciudad Juárez, mientras escuchaba detalles de cada una de las
desapariciones, recordé que el 1 de mayo del 2012, integrantes de
organizaciones de Juárez y Chihuahua, pedimos al gobernador César Duarte pusiera
atención a lo que ocurría en el Centro de Juárez, le solicitamos se difundieran
las pesquisas de las desaparecidas e información de las recompensas para
localizar a las jóvenes. Hasta ese momento, en Chihuahua, sólo se había
liberado la recompensa por Pamela Leticia Portillo, con un monto de 200 mil
pesos, le explicamos al gobernador la importancia de costear la difusión de la
recompensa además, los costos de las lonas para difundir la información estaban
corriendo a cargo de gente que apoyó a la madre de Pamela.
Imagen de Patricia Mayorga
A modo de resumen la caminata mostró: la evidente estrategia para hacer declinar a las mamás, desde el 15 de
enero, día que emprendieron su marcha, se dieron declaraciones al
respecto, curiosamente quienes opinaron, en ningún momento caminaron con las
familias. Lamentablemente, de gobierno, se consultó a una organización de
Chihuahua (ni si quiera de ciudad Juárez) para tratar de negociar los puntos
que querían hablar las familias. Deliberadamente, se mal entendió la
información, y mientras las madres caminaban, en la capital les cuestionaban los
motivos y la causa de su salida de Juárez, siendo acusadas de haber salido por
un capricho, esta declaración en lugar de deslegitimar la caminata la hizo más
fuerte, porque con tales afirmaciones, quedaron expuestas las formas gubernamentales para que no se hable de los asuntos de verdadero interés en el
estado. Y en sí, era el gobernador el único que podía haber detenido la
caminata dando audiencia y entablando un canal de diálogo.
Por otro lado, lo positivo de la caminata, fue que gracias a esa presión se consiguió la audiencia con el
gobernador, y que el vínculo para tal audiencia fueron directamente las
familias. Se dio a conocer que la desaparición sigue ocurriendo en Juárez y
Chihuahua, se liberaron recompensas por información de más mujeres desaparecidas
(cada una por 100 mil pesos), llegaron a ciudad Juárez elementos federales para
investigar el caso de una joven vista en Estados Unidos. Las madres de Juárez
pudieron encontrarse con otras familias que sufren la desaparición de alguno de
sus familiares. Organizaciones de Chihuahua, específicamente el Centro de
Derechos Humanos de las Mujeres, El Barzón, gente de la Unión Campesina
Democrática, y desde luego, la sociedad civil, mostraron su solidaridad y compromiso con las víctimas, curiosamente, algunos medios de comunicación, de
nuevo, atacaron a las 2 primeras agrupaciones, y esto refrenda que la campaña
de desprestigio a las y los activistas comprometidos sigue en pie.
Lo
ocurrido hace evidente que nuestros representantes gubernamentales insisten en
que no hay que “remover el pasado” y que hay que mirar hacía adelante, sin
embargo, las familias y quienes los acompañan saben que ellos están
equivocados, las heridas por la desaparición –igual que los feminicidios, los
asesinatos de Ismael y Manuelita-, aún están abiertas, y el único tratamiento
es la verdad de lo ocurrido, después, el acceso a la justicia, y cuando eso
ocurra, se podrá decir que vivimos en un estado que mira hacía adelante y se respetan la vida y los derechos humanos.
Imagen de Patricia Mayorga
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