Al cierre de la administración calderonista fue evidente la
crisis humanitaria[1] en
México: había más de 60 mil personas asesinadas, más de 10 mil desparecidos y
1.6 millones de desplazados. Aunque funcionarios públicos intentaron negarlo,
las cifras no mentían: la violencia generalizada era evidente, y con ella se
comprobaban las múltiples violaciones del Estado Mexicano a los Convenios de
Ginebra y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Recuerdo la
primera vez que escuché el término “crisis humanitaria” relacionado con el
contexto mexicano: fue en una reunión con la Unidad de Vinculación Ciudadana
(UNIVIC)[2]
de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA). En el 2010 fui invitada a unas
mesas de diálogo que se establecían por todo México. Ahí, entre altos mandos de
la SEDENA, un grupo de civiles que trabajaban para ellos (y en su mayoría
habían salido del Partido Social Demócrata- PSD), académicos, y representantes
de organizaciones de la sociedad civil, hacían propuestas al ejército para
“contener” los daños de la presencia de militares en las calles, y se analizaba
la intervención de SEDENA dentro de “la guerra contra el narcotráfico”. Para mi
sorpresa, vi activistas trabajando para SEDENA, y a Marina Arvizu (hoy titular
de la Unidad de Género de la Sedesol). Recuerdo que después de mi primera
intervención en esas reuniones, donde expuse que la presencia del ejército en
las calles también era un problema de salud pública, Marina dijo: “yo también
soy feminista” y argumentó por qué era positivo estar sentados con militares.
Nunca comprendí su señalamiento, puesto que nadie había usado la palabra feminista;
sin embargo, sus palabras se quedaron en mi cabeza. Esa vinculación perversa
entre feminismo y fuerzas militares me angustia, así que en el Encuentro
Feminista Latinoamericano y del Caribe (Bogotá, 2011), junto con teóricas
latinoamericanas expertas en el tema de seguridad ciudadana y derechos humanos,
decidimos incluir un posicionamiento[3]
latinoamericano donde considerábamos no debía existir esa vinculación. Los
argumentos centrales remiten al tema de desapariciones y lo que conllevan: la
ausencia de las mujeres en las sociedad, supresión corporal, impunidad y
violencia sistemática, donde la desaparición es un crimen de carácter
permanente o continuado -en otras palabras, el crimen se comente momento a
momento, y no cesa hasta que el caso es esclarecido-, y tomando en cuenta que
muchas mujeres, niñas y niños en situación de trata tenían de categoría previa
“desaparecidos,” pudimos argumentar la no vinculación de feministas con fuerzas armadas en todo Latinoamérica, puesto que la desaparición forzada, la trata
y el tráfico de personas entran en categoría de crímenes de lesa humanidad[4],
y todas las representantes de países latinoamericanos y caribeños, por
desgracia, tenemos circulando sin pasaporte los crímenes mencionados y las
fatídicamente fuerzas militares han jugado un papel clave en la perpetuación de
dichos crímenes. Después de participar en el posicionamiento escrito en
Colombia, saber que civiles involucrados en la UNIVIC habían maltratado a
familias de desaparecidos y a las víctimas, y no ver avances en las propuestas
hechas por quienes les creímos su discurso de cooperación, dejé de ir a esas
mesas de diálogo. Decidí solamente confiar en lo que he apostado desde siempre:
la ciudadanía autónoma y organizada capaz de incidir en políticas públicas.
Publicado previamente en Todo es Política 28.Junio.2014 http://todoespolitica.com.mx/?page_id=155
[1] Entendamos
por crisis humanitaria el fenómeno en proceso, o que después de ocurrido, deja
la necesidad de atender in situ –en el lugar- a víctimas de una situación que
supera las posibilidades de los servicios asistenciales locales.
[4] En
el artículo 7 del Estatuto de Roma, al hablar de crímenes de lesa humanidad son
considerados cómplices y parte todos los implicados en un ataque generalizado o
sistemático en contra de la población civil y con conocimiento de dicho ataque,
en el que se puede someter a las personas a esclavitud, tortura, desaparición
forzada, asesinato, violación, esclavitud sexual y prostitución forzada entre
otras múltiples categorías.
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