Comunicado de la ONU

Comunicado de Prensa

3 de febrero de 2012

ONU-DH condena la nueva agresión contra Norma Andrade, activista de derechos humanos.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condena la agresión por la que resultó herida la Sra. Norma Andrade, co-presidenta de la organización de derechos humanos “Nuestras Hijas de Regreso a Casa”.

De acuerdo a la información recibida, el día de hoy por la mañana la Sra. Norma Andrade fue agredida en su domicilio por una persona desconocida con un objeto punzocortante. Luego de un breve forcejeo, el agresor huyó del lugar.

Esta agresión se suma al atentado que sufrió la Sra. Norma Andrade el pasado 2 de diciembre en Ciudad Juárez, Chihuahua. A raíz de dicha atentado, la activista de derechos humanos se vio obligada a cambiar su lugar de residencia al centro del país, donde fue visitada por el Representante en México de la ONU-DH, el Sr. Javier Hernández Valencia.

Desde el asesinato de su hija, Lilia Alejandra García Andrade, ocurrido en febrero de 2001, la Sra. Norma Andrade inició su labor como defensora de derechos humanos de las mujeres, en particular, exigiendo justicia para las víctimas de feminicidio en el Estado de Chihuahua. La organización que copreside, “Nuestras Hijas de Regreso a Casa”, y algunas de sus integrantes han recibido múltiples amenazas y actos de hostigamiento.

La ONU–DH insta a las autoridades a desarrollar investigaciones serias, expeditas y diligentes sobre estos hechos como una medida eficaz para prevenir los riesgos y disuadir las agresiones que padecen las y los defensores de derechos humanos en el país. De conformidad con el Acuerdo Presidencial de julio del 2011 y en atención a una de las siete líneas de acción anunciadas por el Presidente de la República el pasado 9 de diciembre en las que se destaca la importante labor de las y los defensores de los derechos humanos y se reconoce la necesidad de protegerles, la ONU-DH hace un llamado respetuoso al Estado mexicano para acelerar la creación, junto con la sociedad civil, de una respuesta institucional que brinde seguridad a todas las personas que se dedican a la defensa y promoción de los derechos humanos.