Funcionarios chihuahuenses en la eterna “banalidad del mal”

Por Linda Flores (@Magnolisima)

A las mujeres del barzón 

(las de la dignidad rebelde).

El lunes 15 de octubre vi al señor Ismael Solorio lleno de moretones y sangre seca en el rostro, le pregunté que si le dolía mucho, y respondió “ya no tanto”, lo dijo saliendo de una reunión con el secretario de gobierno. Ese día, al lado del secretario general de gobierno, Raymundo Romero, el secretario de gobernación Wilfrido Campbell, y 5 de sus asesoras, lo escuché decir que la vida de los barzonistas y defensores de derechos humanos estaba en peligro. El señor Solorio y su esposa Manuelita fueron asesinados una semana después. Hoy tengo la certeza de que todos estamos en peligro.

Los días transcurridos en este mes han sido de los más tristes en esta administración gubernamental. Hagamos un repaso en cuenta regresiva: los asesinatos de Ismael Solorio y Manuelita Solís, donde es bien sabido que detrás de su muerte hay varias cuestiones íntimamente ligadas al tema de la ausencia del agua y la batalla por la misma –asunto donde están relacionados algunos menonitas que habitan la zona-, por otro lado, la intención de que en el municipio de Benito Juárez se instale la minera El Cascabel (filial de la empresa Mag Silver).

Una semana antes de estos asesinatos, un grupo de barzonistas y defensoras de Derechos Humanos estuvo en reunión con el secretario de gobierno planteándole la situación de riesgo en la que estaba la gente de Benito Juárez, y los riesgos que están sufriendo quienes cuestionan los posicionamientos oficiales –por ejemplo, los vendedores ambulantes que a falta de empleos se dedican al comercio informal-. En lo particular se habló de Lucha Castro (fundadora del grupo de Mujeres Barzonistas, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, y cofundadora de Justicia Para Nuestras Hijas), cuando ella cuestionó la versión oficial de la Fiscalía General del Estado, el 8 de octubre, al ser presentado de manera oficial “El Wicked” como el asesino de Marisela Escobedo, Castro pidió se transparentará la investigación y se dieran fundamentos para tal afirmación, ya que meses atrás la Fiscalía declaró a otra persona como responsable por el asesinato de la señora Marisela Escobedo (mamá de Rubí Frayre, víctima de feminicidio).

La práctica de difamación a Lucha Castro y activistas cercanas a ella se ha agudizado desde el mes de marzo, cuando el gobernador César Duarte declaró en Washington, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que las defensoras lucraban con el dolor y querían desprestigiar al estado de Chihuahua. A las semanas de esas afirmaciones, que por desgracia, se siguieron repitiendo en medios de comunicación local, se empezó a circular un correo electrónico donde se hacía referencia a Alma Gómez, quien ha sido defensora de derechos humanos, y es un referente teórico cuando se hacen estudios sobre la desaparición forzada y el feminicidio, ambos temas muy recurrentes en el día a día de quienes vivimos en Chihuahua.

En esa mesa, del 15 de octubre, se recordó a los funcionarios que el gobernador de Chihuahua previamente se comprometió a no señalar a las activistas, y se les pidió se hiciera una declaración donde –como afirmaban en esa mesa de diálogo- los señalamientos de critica al trabajo del barzón y Lucha Castro habían sido desafortunados y mal entendidos, y en ningún momento tenían la intención de poner en riesgo física, moral y emocionalmente a los señalados.

Desde el 1 de mayo algunas mujeres intentaron abrir un canal de diálogo con el gobernador para tratar la difamación a las organizaciones de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos. Organizaciones de ciudad Juárez y Chihuahua, acudieron a una reunión con el gobernador: él, acompañado por su gabinete se comprometió -entre otras cosas- a sacar un posicionamiento donde aclararía que nunca fue intencional denostar y poner en riesgo la integridad de Lucha Castro y demás organizaciones, acuerdo que hasta el día de hoy no se ha cumplido, igual que otros mencionados ese día.

Como si la realidad que estamos viviendo los chihuahuenses no fuera ya lo suficientemente cuestionable, los primeros días de octubre se hizo oficial que el ex presidente de Colombia, Alvaro Uribe, sería asesor del gobernador César Duarte. En esa semana la colombiana Patricia Ariza visitó la ciudad de Chihuahua para dar un taller a mujeres sobrevivientes de diversas violencias, y artistas interesados en temáticas de género, Ariza visitó el lugar donde asesinaron a Marisela Escobedo y dejó una ofrenda floral, ahí señaló su solidaridad con las defensoras de derechos humanos. El 5 de octubre, al finalizar la presentación del trabajo de la directora Ariza en el teatro de la ciudad, un grupo de integrantes del Movimiento de Mujeres de Chihuahua hizo un pronunciamiento público en contra de la participación de Alvaro Uribe en el gobierno chihuahuense. En este contexto no dejo de pensar en Hanna Aredt cuando describió "la banalidad del mal" afirmando que los individuos actúan dentro de las reglas del sistema sin reflexionar sobre sus actos, sin preocuparse por las consecuencias y sólo es valido cumplir órdenes que vengan de superiores: la tortura, la ejecución y demás actos violentos no se consideran a partir de sus efectos o resultados, solamente se cumplen órdenes -como cuando el lunes pasado, la policía cumplía la orden de sacar a quienes estaban en el palacio de gobierno solidarizándose con la familia Solorio Solís, o cuando las instituciones de cultura bloquean proyectos autónomos que cuestionan la forma burocrática de trabajar desde gobierno-.
Frente a lo ocurrido: los cobardes asesinatos de Ismael y Manuelita, los compromisos del gobernador César Duarte con barzonistas, el apoyo nacional e internacional a los defensores de Derechos Humanos, la próxima presencia de Alvaro Uribe en Chihuahua, los bloqueos a las organizaciones y grupos autónomos por parte de las instancias gubernamentales, y la evidente banalidad del mal que demuestran los servidores públicos, espero que el barzón siga andando y jalando por la dignidad nacional.