Sobre el caso de Clara Armendáriz Gutiérrez,

Las organizaciones del Movimiento de Mujeres en Chihuahua, nos preguntamos lo siguiente:

¿Además de Clara Armendáriz Gutiérrez y de su papá Raúl Armendáriz Sígala, no existen más familiares de la niña Antonia?

Porque en la resolución que emite el DIF estatal no solamente está anunciando que iniciará un juicio para quitarle la patria potestad a la madre, que deberá resolverse ante un juzgado familiar que no prejuzgue, sino que ya está “cocinando” la adopción de la niña.

 Es importante resaltar que existe una ley estatal y tratados Internacionales que indican claramente que cualesquier niño o niña tiene derecho a estar y crecer en primer lugar con su familia y que el DII es la última instancia para ejercer la patria potestad.

Es lamentable que el DIF ignore que la niña tiene un tío, tías, bisabuela y demás familiares que están dispuestos a hacerse cargo de ella y que tiene derecho de vivir al lado de sus familiares.

 ¿Dónde quedan los derechos de Antonia a vivir con su familia consanguínea? ¿dónde queda la visión del DIF que se supone es la institución que integra a la familia?

Es criticable que el DIF no garantice los lineamientos internacionales mandatados en la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas y consecuentemente viole el Artículo 1º Constitucional que obliga a toda autoridad a promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos.

Cuando ignora las circunstancias del caso y no analiza profundamente las circunstancias que llevaron a Clara a tomar la decisión que la tiene en esta situación, el DIF está omitiendo un análisis con perspectiva de género.

Si actuara con perspectiva de género, el DIF explicaría la culpa y vergüenza que sintió Clara por un embarazo sin estar casada. En este caso, lo que se esperaría es que la institución se aboque a atender a Clara para dotarle de posibilidades de salir de su depresión y apoyarla con la finalidad de que madre e hija accedan al derecho de estar unidas y enfrentar la vida con todos los retos que ello implica.

Es sabido que la circunstancia que vive Clara es debido a una ausencia de política pública que apoye el conocimiento acerca de la prevención del embarazo y por ende al cuidado de la salud sexual.

Vivimos en una sociedad que no quiere reconocer que las y los jóvenes asumen su sexualidad y que al hacerlo corren constantemente riesgos como el embarazo no deseado, situación que lleva a las mujeres a detener su proyecto personal y dedicarse a la crianza y educación de hijos e hijas, cuando por otro lado las exigencias para preparase y trabajar son una realidad, por lo que se vive la doble jornada para las mujeres. Es decir, se ha construido un mundo donde solamente a las mujeres se les exige el cuidado de casa e hijos, escenario por demás discriminativo.

 Las organizaciones del movimiento de Mujeres manifestamos:

 -      Desacuerdo en que el DIF realice acciones para que Clara pierda la patria potestad de su hija.

    -    Desacuerdo en que el DIF sustituya a Clara y no le proporcione apoyo para que ella pueda estudiar y cuidar a su hija.

 -       Desacuerdo en la falta de políticas públicas que desarrollen capacidades que lleven al ejercicio pleno de la sexualidad de los y las jóvenes, sin enfrentar embarazos no deseados.

Decidir desde el poder, como castigar sin analizar, es una característica en gobiernos autoritarios, es pretender cubrir sus omisiones y carencia de políticas públicas a necesidades básicas de una sociedad, por lo que el Movimiento de Mujeres rechazamos tales medidas en el caso de Clara Armendáriz Gutiérrez.