En el
marco del 69º aniversario de la fundación de la Organización de las Naciones
Unidas, y los 67 años de presencia en nuestro país, mujeres migrantes y
refugiadas, organizaciones de la sociedad civil, academia, organismos
internacionales e instancias gubernamentales, de todo el país, que trabajan en
la defensa y promoción de los derechos humanos de la población migrante,
solicitaron al ejecutivo federal atienda las necesidades y problemáticas que
enfrentan las mujeres en las migraciones en nuestro país.
Los
trabajos de tres días efectuados durante el II Simposio
Internacional “Feminización de las Migraciones. Conocimientos, Políticas
Públicas: brechas y alcances” (II Simposio Internacional Feminización de las
Migraciones) concluyeron con un documento que recopila propuestas de
trabajo al poder legislativo y un exhorto presentado por la Comisión de Asuntos
Migratorios de la Cámara de Diputados, mediante el cual solicitamos, tanto al titular del ejecutivo federal, como también al
Secretario de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Relaciones Exteriores,
de Educación, de Salud, y del Trabajo y Previsión Social, conformen un Comité
que genere una agenda de trabajo para implementar políticas públicas dirigidas
a las mujeres en las migraciones y sus familiares, y se dé cumplimiento a lo
establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Especial
de Migración (PEM).
El
documento establece 22 acciones que deberán quedar integradas en una agenda de
trabajo, iniciando con la creación de un anexo para el tema migratorio en el
Presupuesto de Egresos de la Federación a fin de apoyar una adecuada
implementación y seguimiento al PEM y otras políticas públicas relacionadas al
tema migratorio, como la incorporación de variables como nacionalidad, sexo y
edad en los instrumentos de planeación, seguimiento y evaluación al
presupuesto, políticas públicas y estadística poblacional, que permitan dar
evidencia de la presencia de la población migrante en nuestro país o del
impacto de la migración en la población, en particular de las mujeres migrantes
o en comunidades trasnacionales impactadas por la migración.
De
acuerdo con el exhorto, signado por la presidenta de la Comisión de Asuntos
Migratorios, Diputada Amalia García, deberá impulsarse la creación o adecuación
de lineamientos, mecanismos y disposiciones administrativas que faciliten la
incorporación, revalidación y acreditación de la educación de la población
migrante o mexicana que no ha podido realizar dicho trámite administrativo; así
como la creación o adecuación de lineamientos y disposiciones administrativas
que faciliten la acreditación de la identidad y personalidad jurídica de la
población en las migraciones señaladas en los objetivos, estrategias y líneas
de acción del PEM, el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no
Discriminación contra las Mujeres, y otras políticas y disposiciones para el
goce pleno del derecho a la educación y a la acreditación de la identidad de
esta población.
Además de
realizar las reformas necesarias a los Reglamentos de la Ley de Migración y de la
Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, con especial énfasis en el
acceso a la documentación migratoria, acceso al trabajo, a la salud, educación
e identidad de las mujeres en las migraciones y sus familiares.
Crear
grupos de trabajo entre la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de
Gobernación y las instancias responsables de la implementación de las líneas de
acción del PEM y la sociedad civil, a fin de fortalecer la operatividad,
seguimiento y evaluación de éstas, de acuerdo a la realidad migratoria de
México.
Por
su parte Ana Güezmes, representante de la Agencia de las Naciones Unidas para
la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres (ONU Mujeres) llamó a
realizar un pacto por la igualdad y los derechos humanos de las mujeres en la
migración y recalcó la necesidad de hacer una transversalización y acciones
afirmativas en los marcos normativos sobre migración y la participación de las
mujeres, con la finalidad de hacer realidad sus derechos humanos. En este
sentido, implementar la Recomendación General No. 26 del Comité de la
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la
Mujer sobre trabajadoras migratorias. Así como acciones afirmativas que
garanticen el acceso efectivo al trabajo de las mujeres migrantes, en
particular de quienes son trabajadoras del hogar, agrícolas o que se desempeñan
de manera independiente, constituirán un gran paso.
Finalmente,
los trabajos realizados en el II Simposio
Internacional Feminización de las Migraciones, subrayaron la necesidad de
generar información cuantitativa y cualitativa, de forma continua, para la
creación, adecuación y evaluación de políticas públicas, así como conocer las
características sociodemográficas de las personas migrantes y sus familiares.
Incorporar la perspectiva de la cartografía y geografía para el análisis del
tema migratorio, y la aplicación de las políticas públicas desde una
perspectiva intercultural que facilite y promueva el acceso efectivo a
derechos, como los derechos civiles y políticos de las mujeres en las
migraciones y sus familiares; y la participación de la sociedad civil, con
énfasis en la población migrante y sus familiares, en todo el ciclo de la
política pública.
El
Simposio, en su segunda edición, fue convocado por el Instituto de
Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México; la
Universidad de la Laguna, Tenerife, España; la Universidad Autónoma de Chiapas;
la Universidad Autónoma de México; el Colegio de la Frontera Sur; el Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Occidente; el Programa Universitario de Estudios de
la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la Universidad Nacional
Autónoma de México; la Red de Juventudes Indígenas y Afromexicanas en Conexión
; la Red DH Migrante; la Red Mujer, Salud y Migración; Consejería en Proyectos;
Sin Fronteras, IAP; Salud Integral para la Mujer, AC; el Instituto para las
Mujeres en la Migración, AC; Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, AC; el
Instituto Nacional de Salud Pública; la Unidad de Política Migratoria de la
Secretaría de Gobernación, con el apoyo de la Fundación Ford, ONU Mujeres y la
Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados de la LXII
Legislatura.
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