Con el corazón dividido

De Patricia Mayorga:

Distrito Federal.- Con el corazón dividido, cientos de madres de hijos desaparecidos marcharon este 10 de mayo para que la ciudadanía tome conciencia y se sensibilice sobre el problema de desapariciones forzadas o involuntarias que forman parte de la lucha contra el narcotráfico y que han enlutado a miles de hogares mexicanos. La esperanza de todas es encontrarlos vivos y advirtieron que no dejarán de buscarlos.

En el caso de los hombres desaparecidos, ellos dejaron a sus mujeres solas, la mayoría no trabajaba porque se dedicaba al hogar y se quedaron sin servicio médico ni dinero, han tenido que trabajar y dejar encargados a sus hijos, pero deben invertir también tiempo en la búsqueda y en las investigaciones.  

El grupo de mamás, hijas, esposas, padres, hermanos e hijos chihuahuenses, encabezó la "Marcha por la dignidad nacional, madres buscando a sus hijas e hijas por el derecho a la verdad y la justicia", del monumento a la Revolución al Ángel de la Independencia.

Evangelina Arce, Consuelo Valenzuela, Patricia Márquez y Hortensia Enríquez, tienen más de una década en búsqueda de sus hijas. Frente a la caravana, ellas acompañaban a otras familias que viven el duelo de la desaparición y que buscan el camino para exigir a las autoridades que investigue, para conocer cómo se enfrenta ese dolor, cómo se continúa viviendo y luchando.  

El llanto se asomó por las miradas perdidas de algunas, valientes y de dolor de las madres y padres de familia, cuando repetían una y otra vez que no hay dolor más grande que vivir con la incertidumbre de desconocer el paradero de un hijo. Las madres que tienen más hijos, vivieron un día difícil porque en las escuelas de sus hijos hoy hubo festivales para festejarlas y no pudieron estar ahí. 

“Mis hijos me dicen: ‘pero es que va a haber festival por el día de las madres’ y yo les digo que pues me duele mucho dejarlos este día, pero tengo que seguir la búsqueda, les digo que voy a estar ahí con ellos pronto y ellos van a estar ahí en la casa, su hermano no”, expresó Julia Ramírez, mamá de Alejandro Castillo Ramírez, joven que a sus 18 años decidió emigrar de San Luis de la Paz,Guanajuato a Estados Unidos y en el trayecto desapareció con otros 19 hombres, el 21 de marzo de 2011. 

La situación económica lo hizo buscar otras oportunidades en otro país, quería que sus hermanos menores concluyeran sus estudios. 

Julia es madre de doce hijos. 

"Un año duró buscando trabajo, un año y nada. Él deseaba que sus hermanos estudien, dijo que se iba para ayudarle a su papá con los gastos", indicó Julia al tiempo que cuestionó:¿Usted cree que quería que se fuera? ¿Qué madre no quisiera tener a sus hijos siempre con ella? Pero la situación se luso muy difícil". Su esposo es jornalero.

En ese caso, desconocen dónde están sus familiares, ya que unos días después, encontraron el cuerpo del pollero. Las investigaciones no han avanzado, es el reclamo generalizado de los familiares que formaron parte de la marcha.

El padre Pedro Pantoja, de la Casa Belén de Saltillo, indicó que una televisora local transmitió un video en el que se veían vivos algunos de los migrantes desaparecidos, sin embargo, las autoridades tampoco lo investigaron, desconocen la procedencia y veracidad de ese material,

En la casa de la familia Montes celebraban el Día del Padre el año pasado en Anáhuac, municipio de Cuauhtémoc, cuando llegó un grupo de policías seccionales y federales para llevarse al esposo de doña Emma, cuatro de sus hijos, un nieto, un sobrino y su yerno. Ella conmemora el Día de las Madres con cientos de mujeres que llegaron a la ciudad de México para llegar a los corazones y a la conciencia de la sociedad, para gritar que tener a un hijo desaparecido es desquiciante. 

María Guadalupe Aguilar Jáuregui, mamá de José Luis Aranda, desaparecido en enero de 2011 en Guadalajara, Jalisco, cuestionó cuántas madres más de personas desaparecidas deben sumarse para que les hagan caso, para que realicen las investigaciones necesarias y dejen de estigmatizar familias. Ella interrumpió al presiente Felipe Calderón Hinojosa en un evento oficial en Guadalajara y él se comprometió a ayudarle con su caso, las autoridades federales atrajeron el caso pero todo fue igual, no hay avance. “Y para las policías federales somos incómodas, somos como apestadas”. 

La marcha que es una campaña internacional porque se efectuaron marchas en diferentes países latinoamericanos. 

Para Norma Ledezma Ortega, presidenta de Justicia para Nuestras Hijas, de Chihuahua, se trata de enviar un mensaje a la sociedad, para que conozcan lo que sucede en el país, en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Norma habló de los 27 días en que su hija Paloma Escobedo Ledezma estuvo desaparecida y los define como desquiciantes, por eso es necesario apoyar a esas familias que han visto cambiada su vida de manera violenta. 

“Les pido que cierren por un minuto, un minuto nada más los ojos e imaginen que su hijo o su hija salen a la tienda y no regresa en una hora, en un día, lo buscan y no aparece en un mes, en años, en diez años, en veinte años como muchas de las madres que aquí están”. 

La jornada del 10 de mayo concluyó con la visita a la Basílica de Guadalupe. Al final del día, madres, esposas, hijos, hermanas, padres e hijos, manifestaron que lo único que los conforta y los anima, es su fe, la confianza en Dios y la unidad entre ellos mismos.

FAMILIAS DESPLAZADAS Y MUJERES SOLAS  

Con desaparición de ocho integrantes, la familia emigró 

La familia Muñoz era unida, es grande. Doña Emma y su esposo se casaron hace casi cuarenta años y tuvieron siete hijos, tres de estos son mujeres. El Día del Padre del año pasado se reunieron en la casa de los abuelos. 

Por la mañana, unos de los integrantes de la familia tuvieron un altercado con policías seccionales de Anáhuac, quienes acudieron a la casa de la familia en la tarde y con armas se los llevaron. Hasta ahora no saben de ellos. Frente a sus familiares se los llevaron, estos identifican a tres de los policías seccionales que continúan en funciones. 

Toribio Jaime Muñoz González, de 61 años, era ferrocarrilero jubilado. Su esposa Emma manifestó que la vida les cambió por completo. Ella recorrió las calles del Distrito Federal con lágrimas permanentes, pero la fuerza y la voluntad de quienes tenía al lado, la alentaron a continuar hasta el final de la jornada de toda la semana. 

Doña Emma tuvo que salir de su ciudad al igual que otros integrantes de la familia, después de la desaparición de sus familiares. Con Toribio Jaime Muñoz fueron desaparecidos de manera forzada, sus hijos Óscar de 38 años, Jaime de 33, Guadalupe de 37 y Hugo Muñoz Veleta de 31. 

Óscar y Guadalupe se dedicaban a trabajar en Concretos de Chihuahua, Jaime trabajaba en una maquiladora y Hugo vivía con sus papás, está soltero. Luis Romo Muñoz tiene 21 años, también es soltero y es sobrino de doña Emma, sus padres también acudieron a la marcha. Nemesio Solís González, yerno de doña Emma, tiene 41 años y era empleado de ferrocarril. 

La situación económica de la familia completa se vio mermada. La pensión de Toribio Jaime Muñoz está paralizada porque no está presente para cobrarla pero tampoco pueden presentar un acta de defunción. Óscar Muñoz Veleta tiene dos hijos, Guadalupe dos, Jaime dos y Nemesio tres. Sus respectivas esposas ahora trabajan para sacar a sus hijos adelante. De las investigaciones es la misma versión que la totalidad de historias: no hay nada. 

 

DESPLAZADOS 37 INTEGRANTES DE LA FAMILIA ALVARADO  

El 29 de diciembre de 2009, la familia Alvarado se reunió en la casa de sus padres en el Ejido Benito Juárez, del municipio de Buenaventura. Una de las integrantes de la familia había perdido a otro familiar y se había metido en las investigaciones, había señalado irregularidades. 

La noche de aquel día, entre las ocho y nueve, llegó José Ángel Alvarado para decirle a hija que la suegra de él estaba muy enferma. Salieron a la casa de la señora enferma, iba con ellos Nitzia Paola Alvarado Espino y Rocío Irene Alvarado. Cuando llegaron a la casa, llegaron diez militares y los bajaron de la camioneta. A Nitzia la bajaron del cabello y con jalones, José Alfredo se enojó y la defendió, por lo que también se lo llevaron. 

Se llevaron a los tres frente a los hijos de José Ángel. Desde aquel día, la familia Alvarado sufrió hostigamiento, amenazas y viven con temor todos los días. Son 37 integrantes los que se han ido a vivir a otra región por temor a sufrir más violencia. 

María de Jesús Alvarado Espinoza se hizo cargo de las hijas de Nitzia, que son tres, dos gemelas que ahora tienen 16 años y una adolescente de 13 años. María de Jesús tiene cuatro hijos y también se hace cargo de sus papás que son personas mayores y viven con enfermedades crónico-degenerativas. Son once integrantes de la familia que viven en una casa que no es la suya y es muy chica. Ahí viven las gres hijas de Nitzia, cuatro hijos de María de Jesús, los papás de ambas y el esposo de esta última, quien se hace cargo de la manutención es el esposo de María de Jesús, con su oficio de mecánico. 

“Vivimos en pobreza extrema”, advirtió María de Jesús al representante de la alta Comisionada de la ONU en México para los Derechos Humanos, Javier Hernández. José Ángel tiene tes niños y Rocío Irene tiene una niña de cuatro años que también estuvo presente en la marcha.

Del caso, indican que la Secretaría de la Defensa Nacional reconoció que sus integrantes se llevaron a los tres miembros de la familia Alvarado, pero no se ha hecho nada a pesar de una recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

Vive familia Fernández sin servicio médico 

Martín Alonso Fernández se encontraba en su trabajo, en una gasera de Gran Morelos, donde vivía con su familia. Tiene dos hijos, de 21 y 17 años, ambos estudian. Fue llevado por hombres armados por la fuerza el 17 de octubre de 2011 y hasta ahora se desconoce dónde se encuentra. 

Gran Morelos ha vivido una serie de acontecimientos violentos desde hace casi dos años. El presidente electo, Ricardo Solís Márquez sufrió un intento de homicidio que lo mantuvo durante meses en estado de coma. El equipo que formaría parte de su gabinete tuvo que salir del poblado y cuando regresó a rendir protesta en su cargo, regresó su equipo con él. A las pocas semanas, su secretaria general Olaya Gutiérrez Montes, fue asesinada con su escolta e intentaron asesinar al jefe de seguridad pública del municipio. 

En esa región han ocurrido varias desapariciones de las que no se conoce número por la falta de denuncias. Para la familia de él, fue un grupo que domina la región quien se lo llevó, porque mantienen intimidado a los ciudadanos. 

Son decenas de familias quienes se han desplazado a otras partes del país o del estado, en busca de mayor seguridad para proteger sus vidas.

Martín Alonso está casado y tiene cinco años de casado. Su esposa ahora también trabaja y su hija truncó la carrera de pedagogía para trabajar en un interinato como maestra y ayudar a su mamá. 

La familia se quedó sin seguridad social ni la manutención del padre de familia.

Se la llevaron federales 

Silvia Arce desapareció en 1998, cuando fue a cobrar una joyería bailarinas de un antro de Ciudad Juárez. 

Su mamá, Evangelina Arce ahora es uno de los pilares de la organización Justicia para Nuestras Hijas, su experiencia ha permitido a otras familias conocer qué puede hacer para buscar y cómo enfrentar esa situación. 

Silvia dejó tres hijos, quienes tenían once, nueve y cuatro años de edad. Evangelina se hizo cargo de ellos, pero a uno lo asesinaron, una se casó y la más pequeña se fue a vivir con sus tíos. Durante catorce años Evangelina ha luchado sin encontrar respuesta. 

Ha recibido amenazas, hostigamiento, se fue a vivir a otro lugar. Sabe que a su hija se la llevaron agentes de la PGR pero no han investigado el paradero de estos. Doña Evangelina tuvo once hijos y desde 1972 ha sido luchadora social, apoyó la causa de los desaparecidos políticos. 

Doña Evangelina es uno de los pilares de la Asociacion Justicia para Nuestras Hijas, ha acompañado y acompaña con su experiencia y su ejemplo, a cientos de familias que han sufrido su dolor. 

Probable caso de trata  

Griselda Murua López desapareció el 13 de abril de 2009 cuando fue al centro y ya no regresó. Su mamá, Consuelo López Muñoz la ha buscado por todo Juárez, pero hasta ahora no ha tenido suerte. En la misma zona donde desapareció, se han llevado a varias jóvenes, por lo que presumen que es delito de trata de personas. 

Consuelo recuerda que su hija salió de su casa con otras dos amigas, ella se quedó en el centro y las amigas continuaron el trayecto hacia otro lugar. Las amigas regresaron pero Griselda no. Hasta ahora se desconoce su paradero. 

Su mamá indica que Griselda desapareció en la misma zona donde han desaparecido muchas jóvenes en Juárez e incluso por el mismo lapso, por lo que teme que uno de los cuerpos que tiene la Fiscalía General del Estado sin identificar, sea el de si hija.

Y es que en los últimos meses han entregado cuerpos que tienen hasta dos años en el C-4, en poder de la Fiscalía General del Estado, a pesar de que las autoridades sabe que sus madres los buscan. Los han entregado en paredes, sólo los huesos y sin tacto para abordar el caso con las mamás. 

EL DIAGNÓSTICO Y RECOMENDACIONES DE LA ONU  

Las desapariciones forzadas han ocurrido en el pasado y continúan en la actualidad. Las desapariciones perpetradas en el pasado son una asignatura que ahora es un delito de carácter continuado. 

No existe una política pública integral y marco legal que se ocupe de los diferentes aspectos de prevención, investigación, sanción y reparación de víctimas de desaparición forzada. Pareciera no existir una coordinación vertical y horizontal entre autoridades federales, locales y municipales. Tampoco existe un adecuado sistema nacional para realizar búsquedas de personas desaparecidas forzosamente. 

Las preocupaciones en materia de seguridad pública respecto al crimen organizado son erales pero el Grupo de Trabajo de la ONU reconoció que el derecho y deber del Estado es realizar las accione correspondientes. Sin embargo, no se puede enfrentar esa situación a expensas del respeto de los derechos humanos, ni permitiendo la práctica de las desapariciones forzadas. Los casos de desapariciones no pueden adjudicarse únicamente al crimen organizado sin una adecuada y completa investigación penal.  

Las víctimas de desaparición forzada no confían en el sistema de justicia, en los ministerios públicos, la policía y la fuerza armadas. La impunidad es un patrón crónico y presente en los casos de desapariciones forzadas y no se realizan los esfuerzos suficientes para determinar la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sancionar a los responsables y garantizar el derecho a la verdad y la reparación. “Pareciera que México no tiene la voluntad o es incapaz de realizar investigaciones efectivas en caso de desapariciones forzadas”. 

Entre las recomendaciones, la ONU propone que primero se reconozca la dimensión del problema de la desaparición forzada para desarrollar medidas integrales y efectivas para su erradicación. 

Se requiere la generación de datos estadísticos y desagregados por sexo, edad, lugar y autoridades presuntamente involucradas, sobre las desapariciones forzadas para desarrollar políticas de prevención, erradicación, investigación, sanción y reparación. Se debería incluir información sobre fecha y lugar de la exhumación y la información sobre los miembros de la familia.  

Entre otras recomendaciones, emitió relacionadas con medidas preventivas y de seguridad; marco legislativo; derecho a la justicia y protección judicial; derecho a la verdad; derecho a la reparación del daño y grupos en situación de particular vulnerabilidad.