La batalla de la memoria parte I

Linda Flores (@Magnolisima)

“…no les bastaba con ser crueles, han creído necesario construir

una teoría previa de la crueldad, una justificación de la crueldad

como postulado ético.”

Jorge Luis Borges

Desde el comienzo de la administración calderonista se ha denunciado la existencia de un proceso de fascistización en nuestro país; claro ejemplo  se ha visto en el tema de la desaparición, donde desde el 2006 hasta el 2011, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos se registran un total de 5 mil 397 expedientes de personas reportadas como extraviadas o ausentes, de las cuales 3 mil 457 son hombres y mil 885 mujeres -en 55 casos no se proporcionaron más datos-. A estas ausencias hay que sumarle los 8 mil 898 cuerpos que aún no son identificados o que las causas de su muerte no fueron aclaradas. Es importante señalar que en este registro se hace énfasis en que la mayoría de las desapariciones ocurrieron en estados del norte del país, específicamente en Chihuahua, Coahuila, y Nuevo León. Contando con estos datos y sabiendo que nadie desaparece, las madres de los desaparecidos saldrán el día de hoy de diversos estados del país para viajar en una caravana que llegue a la ciudad de México con la intención de visibilizar la ausencia de su familiar, hablar por su desaparecido y exigir su búsqueda inmediata. Esta acción se denomina "Marcha de la Dignidad Nacional, Madres buscando a sus hijos e hijas y demandando justicia". El nombre dice todo lo que la movilización representa y también con el sólo nombre nos hace como ciudadanía cobrar conciencia para comprometernos con las madres y apoyarlas en la medida de nuestras posibilidades. Sin embargo, es importante analizar el contexto donde están desarrollándose estos sucesos: desde hace casi 6 años el presidente Calderón emprendió lo que él mismo denominó “La guerra contra el narcotráfico,” los resultados de esta guerra los hemos percibido –y sufrido- con las más de 40 mil personas asesinadas, y con las desapariciones diarias en todo el país. Estos sucesos nos recuerdan la deuda social que sigue sin saldarse en los países de América latina y, sin olvidar la historia contemporánea de nuestro país traemos a nuestra memoria la guerra sucia de los años setenta. Carlos Fazio para explicar el fenómeno de la desaparición en la guerra contra el narcotráfico afirma lo siguiente: Las víctimas entraron en el rubro de daños colaterales. La secuencia secuestro-tortura- desaparición no representan una falla del sistema. Es un método ilegal utilizado por agentes del Estado o personas o grupos (paramilitares) con la aquiescencia de éste, sin orden de autoridad competente, para frenar la acción colectiva, vía la instalación del miedo y el terror. La razón por la que un Estado recurre a este método de represión racionalizada se debe a su efecto de supresión de todo derecho: al no existir cuerpo del delito se garantiza la impunidad. El desconocimiento impide a los familiares realizar acciones legales; infunde terror en las víctimas y en la sociedad.”

Tomando en cuenta la explicación de Fazio, y analizando la realidad inmediata, hay indicadores que evidencia un gran interés por parte de los gobiernos para suprimir no sólo el cuerpo de las víctimas con la finalidad de no explicar a las familias lo ocurrido, también la desaparición se instaura para no dar explicación a la colectividad de lo ocurrido, además, parece que a los sistemas encargados de impartir justicia, les es elemental que las familias de las víctimas no externen públicamente lo ocurrido para que parezca su desaparecido se quedó en el olvido; las estrategias que hemos visto son intimidación, miedo e incluso se ha llegado a la difamación de las víctimas. 

En tanto a la sociedad en general, se han tratado de silenciar las opiniones criticas a la realidad –los asesinatos de periodista dan cuenta de ello-, se han censurado las expresiones de apoyo a las familias y, desde luego, se ha ocultado información, por ejemplo, hace pocos días el Movimiento de Mujeres de Chihuahua, entregó un documento en la Fiscalía General del Estado donde se hace referencia a la negativa por parte de las instituciones encargadas de brindar información sobre la desaparición de mujeres y niñas -así como la aplicación del Protocolo Alba en las mismas- en el Estado, la negativa al acceso de la información se entiende que fue porque la acción cuestionó el discurso oficial único cimentado en no verdades. Sabemos que Chihuahua es un estado feminicida, en donde los discursos institucionalizados dicen lo opuesto, afirmando que no hay asesinatos a mujeres, y que los acuerdos internacionales son respetados, dándole cabal seguimiento a las sentencias internacionales. El hecho de hacer evidente que en efecto la desaparición de las mujeres y las niñas es una constante de la cotidianeidad en el estado, aunado a poner en evidencia el incumplimiento de las recomendaciones internacionales y, en sí, señalar el poco respeto que se tiene por los Derechos Humanos,  está abriendo la puerta a la critica nacional e internacional a la forma de trabajar de los aparatos de gobierno, mismos que carecen de una estrategia efectiva para enfrentar los sucesos violentos resultado de la guerra contra el narcotráfico. Como si no fuera suficiente con lo ya mencionado, la firme amenaza de la supresión de la memoria y el registro de lo ocurrido en la historia oficial son una constante, si entendemos que la memoria es lo que forma nuestra identidad, nos remitimos al entero peligro del olvido, y aquí surge un cuestionamiento: ¿qué hacer desde la sociedad frente a la búsqueda del olvido intencionado?  

La respuesta cae en lo básico: entender que el olvido no es un derecho, registrar lo ocurrido e intentar explicarlo, consumar acciones que permitan dejar un precedente y sobre todo, que fomenten el recuerdo activo –como la Caravana de las madres-, y en el caso de los desaparecidos unirnos a sus familias en su incesante búsqueda.