Nuestro Triste 2012

“…los malos roban a los buenos y los matan…los malos viven mucho, 

prolongan sus ombligos por kilómetros 

y empapelan sus mansiones con las leyes que ellos

 y sus satélites fabrican para su eterna protección.”

 – Nelli Campobello

Las primeras semanas del 2012 fue noticia nacional la hambruna existente en nuestro estado, tras la presión nacional e internacional, el 31 de enero se presentó el proyecto gubernamental Chihuahua con Vida.  El objetivo era brindar apoyo alimentario a las personas que viven en la Sierra Tarahumara y otras comunidades rurales, sin embargo, todo el año fuimos testigos del desfase entre el problema y la manera en que el gobierno local enfrentó la situación, quedó claro se sigue aplicando una política asistencialista ignorando el fondo social, económico y político del empobrecimiento de la zona.

 Ese fue el primer grito de las zonas rurales externando que lo que se dice oficialmente no tiene nada que ver con lo que ocurre en realidad. El 15 de octubre con el secretario de gobierno, Raymundo Romero, un grupo de campesinos del ejido de Benito Juárez solicitaron se atendiera la problemática de su comunidad, donde señalaban que la apertura de la mina “El cascabel” causaría daños ecológicos (como las minas de la Sierra Tarahumara y otros lugares del país), aunado a la denuncia por la poca agua con la que contaba la gente de la comunidad, y los escasos recursos con los que cuentan para sobrevivir. Ese día, como en los cuentos de Juan Rulfo, se le pidió protección al gobierno para la gente de la comunidad, una semana después asesinaron al señor Ismael Solorio y su esposa, Manuelita Solís.

Empezando el mes de marzo (mes de la mujer) se abrió la controversia en torno a la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en ciudad Juárez. El gobierno declaró que el EAAF no había entregado reporte de su investigación y que habían dejado el trabajo incompleto. A esto respondió Mercedes Doretti, encargada de la investigación, que su equipo entregó un reporte donde señalaban que habían recuperado los restos de 83 mujeres no identificadas, y no de 35 como declaró el gobierno. Los restos que el equipo encontró estaban almacenados y sin clasificar en el SEMEFO de Ciudad Juárez, en el Centro de Control Comando, Cómputo y Comunicaciones de la ciudad de Chihuahua (C4), y en fosas comunes de donde fueron recuperados. A la salida del EAAF, en el 2010, se habían identificado 33 osamentas, de las cuales, 26 pertenecían a mujeres de Ciudad Juárez, y las demás eran de mujeres que habían desaparecido en la capital y lugares aledaños. Desde la administración de la entonces Procuradora de Justica, Patricia González, el EAAF había declarado que había más cuerpos de mujeres asesinadas que familias que reportaban a desaparecidas. De los 83 restos óseos estudiados, 50 no coincidieron con ninguna de las 75 familias que forman parte de la base de datos que las antropólogas crearon con muestras genéticas de 195 familiares. Este fue el dato clave para reforzar la teoría de que las mujeres asesinadas en el Estado no sólo son de Chihuahua – incluso podrían ser de otros lugares de Latinoamérica en un intento por cruzar a los Estados Unidos.

Recordemos que el EAAF entra a nuestro país en el 2003, invitado por el gobierno del entonces presidente Vicente Fox, quien en su campaña para presidente se comprometió a abrir los expedientes de personas desaparecidas durante el conflicto de 1968 y la Guerra Sucia en México. A la ciudad de Chihuahua el EAAF es invitado por un grupo de activistas y académicas que trabajan por los derechos humanos de las mujeres; ellas logran que en mayo del 2005 el EAAF firme un contrato con la entonces procuradora de justicia del Estado de Chihuahua. Después de los primeros meses de trabajo del EAAF en Chihuahua, se propuso se hiciera una base de datos genéticos incluyendo a familias de otros Estados con mujeres desaparecidas que muy probablemente hubieran pasado por Chihuahua. Esto implicaría hacer una campaña de denuncia en todo México y otros países, proyecto que nunca se concluyó.

 Tras los datos recopilados por el EAAF, en el 2009 por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se hacen las primeras recomendaciones para atender los feminicidios (Véase Caso Gózales y otras, Campo Algodonero), sin embargo, también en marzo, se encontraron nueve cuerpos de mujeres en un predio de Práxedis Guerrero, tres de ellos pertenecientes a jóvenes que desaparecieron en 2009 y 2010. Lizbeth Avilés García, de 17 años, desaparecida desde el 22 de abril del 2009. Jessica Leticia Peña García, de 17 años, desaparecida el 16 de junio del 2010 y, Andrea Guerrero Venzor, de 15 años, reportada como desaparecida el 19 de agosto del 2010.

Lamentablemente, todo el año vimos que no hubo protección alguna para las mujeres de Chihuahua, tal como lo indican las cifras oficiales de la Fiscalía General del estado de Chihuahua, que nos permiten comprobar que hasta el día de hoy hay 219 mujeres desaparecidas en el Estado.

Pese a las cifras oficiales, y el dolor de que hemos visto tienen las familias por sus desaparecidas, el gobernador del Estado de Chihuahua, César Duarte Jácquez, declaró que las organizaciones civiles empezaron una campaña de desprestigio para el Estado, que mienten al declarar que tenemos el primer lugar de feminicidios en el mundo, y que son falsas las declaraciones en torno a la tortura y desaparición.  Como grupo, una de nuestras preguntas que arrastramos desde el 2012 es ¿Qué diagnóstico podemos derivar cuando un gobernador descalifica de esta manera a quienes, en lugar de formar parte de la simulación y omisión de la realidad actual (patente en eventos y comunicados oficiales), cumplen con lo que Tzvetan Todorov dice es una obligación ciudadana: “Cuando un individuo o un grupo ha vivido experiencias extremas o eventos trágicos, su derecho es también un deber: el deber de recordar y dar testimonio.”? Nosotros recordamos a cada una de las mujeres desaparecidas y asesinadas, no olvidamos la indolencia de las autoridades para las y los indígenas que denunciaron la hambruna durante todo el 2012, y fuimos testigos de como se violentaron los derechos humanos de quienes pidieron protección, como lo hizo la señora Marisela Escobedo (diciembre 2010).

 Esperamos que este 2013 podamos ver que nuestros gobernantes sí están interesados en cambiar favorablemente la triste realidad que vivimos, confiamos que en este 2013 sí se cumpla las recomendaciones emitidas por el caso de los 15 jóvenes asesinados en Villas de Salvacar (Recomendaciones 50/2011 y 49/2011), confiamos que sí se aplicarán los protocolos de búsqueda cuando una mujer se reporte como desaparecida, confiamos que los gabinetes de los gobernantes contarán con especialistas para atender las problemáticas, y no con gente cuyo único interés es escalar en la política partidista y la administración pública.

Por un Chihuahua Libre y Sin Temor.