domingo, 14 de julio de 2013

Para difusión urgente:

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES
SISTEMA NACIONAL PARA PREVENIR SANCIONAR Y
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES


El motivo de la presente es externar nuestra preocupación en torno a la negativa para proceder a investigar la situación de feminicidios y violencia contra las mujeres en el Estado de México, que dé la pauta para emitir la Declaratoria de Alerta de Género en esa entidad, esto a dos años y medio después de haberse negado  la implementación de dicho mecanismo por parte del Sistema Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM), lo cual llevó a las organizaciones a solicitar un amparo.
Con relación a lo anteriormente planteado, tenemos conocimiento de la existencia de una sentencia definitiva  que ordena  a las integrantes del SNPSEVCM para que sesionen de nuevo para determinar, de manera motivada y fundada, la procedencia de la investigación de la Alerta de Género en esta entidad, y por lo cual de acuerdo a las consideraciones del Juez de Distrito primero se debería realizar una investigación en la entidad.

Es preocupante que desde el 2008 que se solicitó la primera Alerta de Género en el estado de Oaxaca, el SNPSEVCM, ha negado la investigación para decretar  este mecanismo en los estados de Guanajuato —en donde ya ha sido solicitada dos veces, una por violencia feminicida y otra por agravio comparado—, Nuevo León e Hidalgo, pues se considera que éste es un mecanismo para afectarlos políticamente, situación que genera un ambiente de descalificación hacia las organizaciones civiles que lo solicitan.

Es lamentable que las propias integrantes del SNPSEVCM no permitan que se avance en la segunda etapa de la solicitud, es decir,   la conformación de un grupo multidisciplinario e interinstitucional que lleve a cabo la investigación sobre los hechos violatorios a los derechos humanos; cuya finalidad sería generar las recomendaciones para enfrentar y atender debidamente las  violaciones a los derechos humanos a las mujeres.

Es importante reiterar que como sociedad no consideramos que la Alerta de Género sea un instrumento en contra de los gobiernos, sino una oportunidad para mejorar y profundizar las deficiencias que obstaculizan una vida libre de violencia para las mujeres

Preocupa que ante la negativa de instrumentar este único mecanismo de protección colectiva la Alerta de Género, la situación de la violencia contra las Mujeres sigue en aumento, pues aún cuando las autoridades siguen manifestando que están trabajando por erradicar el feminicidio, el número de casos sigue incrementándose; pues de acuerdo a ONU-Mujeres, el Estado de México es una de las primeras 5 entidades con mayor prevalencia de violencia contra las mujeres, con un 56.9%. De acuerdo a esta misma instancia, de 2007 a 2009 la tasa de defunciones femeninas con presunción de de homicidio aumentó un 38%.

Es claro que la visión del gobierno del Estado de México carece de una perspectiva real de la situación,  pues mientras las autoridades de esa entidad sólo reconocen 115 feminicidios en dos años (2011 y  2012)  en el mismo periodo ocurrieron  448 asesinatos de mujeres,  de las cuales algunos presentaban características feminicidas, debido a que el  42% de estas mujeres murieron como consecuencia del uso excesivo de la fuerza física como golpes, asfixia,  quemaduras o mutilaciones-elemento a considerar en los crímenes de discriminación, por la forma de somenter a los cuerpos-  y  el 75% fueron halladas asesinadas en  un lugar púbico como calles, avenidas, terrenos baldíos, tiraderos de basura, lugares de terracería, etc.

Por lo anterior expuesto, exhortamos a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de las Mujeres y a las demás instituciones integrantes del SNPASEVM a que asuman su obligación de dar inicio a la investigación de la Declaratoria de Alerta de Género, y de esta forma se pueda conocer a fondo la problemática de violencia sistemática que viven las mujeres en el Estado de México, lo que conduciría a que se emitan las recomendaciones que realmente contribuyan con el objetivo de erradicar la violencia contra las mujeres y los feminicidios.


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